Expertos de la ONU: Ortega y Murillo dan un "golpe final" al Estado de derecho en Nicaragua

El régimen de Nicaragua desmanteló los últimos controles sobre su poder y no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos, dice un informe presentado este miércoles por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU creado para ese país.

"Han transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario, donde no quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población (...) enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas", subrayó el reporte anual del grupo experto.

Por primera vez, los expertos lograron reunir evidencia que muestra que el Ejército nicaragüense participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las protestas masivas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.

"En el último año, el Estado y el partido gobernante (FSLN) prácticamente se han fusionado en una maquinaria unificada de represión con impacto dentro y fuera de Nicaragua, y Ortega y Murillo operan una extensa red de inteligencia que supervisa a toda la población", dijo el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon.

El cambio casi total a la Constitución, que entró en vigor el 18 de febrero, elevó el rango de Murillo de vicepresidenta a “copresidenta”, concedió al gobierno el control de todos los poderes del Estado, aumentó el mandato de cinco a seis años y creó un Ejército de decenas de miles de policías "voluntarios" encapuchados.

La consecuencia de esta reforma ha sido que los poderes judicial, legislativo y electoral se han convertido en simples "órganos coordinados” por la presidencia, según el análisis del Grupo de Expertos, creado en 2018 por decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Con testimonios de varios testigos, el informe detalla cómo Ortega y Murillo controlan un vasto aparato de actores estatales y paraestatales, incluyendo fuerzas de seguridad, agencias de inteligencia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Hasta el momento, 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad. La última vez que se llevó a cabo esta acción fue el pasado septiembre, cuando 135 presos políticos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.

"Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo", dijo Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos.

El Grupo indicó que ha elaborado una lista de personas que -además de Ortega y Murillo- considera responsables de esas violaciones y crímenes, y que será hecha pública antes de que concluya la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos, el próximo 4 de abril.

Este plazo se ha dado para dar a los implicados oportunidad de responder.