Opinión: Democracia latinoamericana, en peligro tras primer año de Biden

Este jueves se cumple el primer año del presidente Joe Biden en el cargo y, tal como muestra una encuesta reciente, la mayoría de estadounidenses desaprueba la forma en que su administración ha manejado la pandemia de coronavirus, la inflación históricamente alta y su enfoque de política exterior.

Un nuevo sondeo de Gallup, que sitúa la aprobación del presidente en sólo un 40% y 56% de desaprobación refleja la misma tendencia mostrada en una encuesta de PBS NewsHour/NPR/Marist del 2021, la cual indicaba que, mientras el 56% de los blancos desaprobaba la actuación de Biden, 65% de los latinos tampoco aprobó el trabajo del presidente.

Hay varios indicios de que los latinos se han cansado de la plataforma progresista del Partido Demócrata, lo cual a menudo recuerda a las políticas socialistas que muchos de ellos intentaron dejar atrás cuando emigraron a Estados Unidos.  

Un post-mortem de 2020 publicado por Equis Labs mostró que 4 de cada 10 latinos que votaron en 2020 están preocupados porque los demócratas han abrazado el socialismo.

Pero, ¿acaso el presidente Biden, quien en campaña electoral prometió volver a comprometerse con América Latina para defender la democracia y el Estado de derecho, ha hecho algo para detener la socialista que asoló a la región durante el último año? Al revisar su primer año de mandato, parece que la respuesta es un rotundo no.

En lugar de expresar una preocupación mesurada por la reaparición de la marea rosa en toda América Latina, el gobierno de Biden ha felicitado a los líderes de extrema izquierda entrantes, e incluso atribuye sus victorias a "elecciones libres y justas".

Esto abre nuevas oportunidades para que otros líderes socialistas y sus aliados antinorteamericanos y extrarregionales, como China, Irán y Rusia, colaboren en la región, lo cual genera preocupaciones de seguridad para Washington.

La reciente advertencia de Rusia de un posible despliegue militar en Cuba y Venezuela en caso de fracasanr las negociaciones con Ucrania es un buen ejemplo de ello.

En última instancia, el presidente debería recordar los comentarios de Barack Obama cuando aceptó el Premio Nobel de la Paz en diciembre de 2009.

Allí, el expresidente señaló sabiamente: "el mal existe en el mundo.  Un movimiento no violento no habría podido detener a los ejércitos de Hitler.  Las negociaciones no pueden convencer a los líderes de Al Qaeda de que depongan las armas.  Decir que la fuerza puede ser a veces necesaria no es una llamada al cinismo: es un reconocimiento de la historia; de las imperfecciones del hombre y de los límites de la razón".

Tal como nos muestran las dictaduras totalitarias de Cuba, Venezuela y Nicaragua, la inacción tiene consecuencias devastadoras.

México

A cien días de la presidencia de Biden, Luis Miguel González, director del diario El Economista de México afirma que la experiencia mexicana con la nueva administración "ha sido similar a la de un espectador que ha cambiado de canal y no termina de entender la película que observa".

La política migratoria de la administración es un claro ejemplo de esto, ya que el enfoque de "hierro primero" de Biden ha sido "similar al utilizado por la administración Trump, sólo que acompañado de una retórica humanista".

El restablecimiento y la expansión de Biden del programa "Quédate en México", actualmente aplicable a los ciudadanos de cualquier país del hemisferio occidental, da muestra de ello.

Sin embargo, mientras los derechos humanos continúan deteriorándose en toda la región, la administración Biden está a punto de admitir el menor número de refugiados en la historia de este programa en Estados Unidos.

Sin embargo, las detenciones en la frontera sur se encuentran en su nivel más alto de los últimos 21 años, ya que los inmigrantes indocumentados siguen cruzando a Estados Unidos desde México.

En su primer año, el gobierno de Biden ha reportado niveles históricos de cruces ilegales. También se ha producido un aumento en el tráfico de drogas -incluido el fentanilo- que han entrado en el país, mientras las muertes por sobredosis alcanzan su nivel más alto en la Unión Americana.

En una entrevista con The Epoch Times, el ex comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) Mark Morgan señaló: "Lo que estamos viviendo en la frontera suroeste es una catástrofe total y absoluta. Hemos perdido el control de la frontera suroeste".

Según datos de la CBP, sus agentes detuvieron a casi dos millones de migrantes indocumentados en 2021 provenientes de más de 150 países diferentes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, más del doble del número total documentado en 2019.

Sin embargo, antes del cambio de rumbo de Biden, varios inmigrantes indocumentados fueron liberados de la custodia de la Patrulla Fronteriza y recibían Avisos de Denuncia, los cuales les obligan a autodenunciarse ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los 60 días posteriores a su liberación.

El problema es que casi 50.000 de los liberados en Estados Unidos han desaparecido desde entonces y no pueden ser localizados, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). 

Aun así, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un memorándum en el cual afirma que estar en Estados Unidos sin documentos ya no es causa suficiente para una detención o la deportación.

Pero los fracasos de Biden en cuanto a su relación con México van mucho más allá de la inmigración. También ha puesto en duda el compromiso de Estados Unidos con el libre comercio y los mercados abiertos.

Apenas la semana pasada, Canadá se unió a la queja oficial de México para solicitar un panel de solución de controversias destinado a resolver una reclamación sobre la posibilidad de que Estados Unidos viole el Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) al insistir en una interpretación más estricta de las disposiciones clave sobre las autopartes.

Según Flavio Volpe, presidente de la Asociación Canadiense de Fabricantes de Piezas de Automóviles, "la administración Trump finalmente llegó a un acuerdo tripartito, con reglas con las que todos estamos de acuerdo".

Aunque Volpe dijo sentirse aliviado cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, ahora cree que hay "un montón de líderes muy proteccionistas en esa administración también".

"Algunos de nosotros estamos realmente sorprendidos de ver a los estadounidenses retroceder en los compromisos adquiridos durante esta negociación", añadió.

Centroamérica

En Centroamérica, la administración Biden ha sido incapaz de abordar tanto la crisis de la inmigración como la creciente ola de autoritarismo en el llamado "Triángulo del Norte".

Según un reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), "Centroamérica continúa lidiando con graves problemas de inseguridad, violencia, pobreza, crecientes tendencias autoritarias y debilidad de sus instituciones".

Si bien el gobierno de Biden ha enviado mensajes a los regímenes corruptos de la región a través de sanciones y el desvío de ayudas -incluso creó un Grupo de Trabajo Anticorrupción- ha sido incapaz de enfrentar a líderes autoritarios como el salvadoreño Nayib Bukele o el nicaragüense Daniel Ortega, quienes ven a la administración demócrata como cada vez más débil.

Aunque el gobierno ha intentado castigar a los regímenes autoritarios y corruptos de la región, envía mensajes contradictorios a los regímenes de izquierda entrantes con trayectorias cuestionables. Un ejemplo de esto se puede ver al comparar el tratamiento de Biden a El Salvador y Honduras.

Durante la administración Biden, los legisladores de El Salvador sustituyeron sistemáticamente a los jueces del Tribunal Supremo y aprobaron leyes para destituir a cientos de jueces y fiscales de menor rango. Esta medida permitió que el nuevo Tribunal Supremo dictaminara que Bukele podía presentarse a una reelección consecutiva, a pesar de la prohibición constitucional, una señal clara de su intención de permanecer en el poder.

Sin embargo, en lugar de comprometerse con El Salvador e intentar la promoción de un diálogo democrático, el gobierno de Biden optó por no invitar a El Salvador a la Cumbre de las Democracias de Estados Unidos y, en cambio, emitió sanciones contra funcionarios salvadoreños clave.

Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris encabezará una delegación que viajará a Honduras el 27 de enero para asistir a la investidura de la presidenta electa Xiomara Castro, esposa del expresidente y aliado de Hugo Chávez, Manuel Zelaya.

Según un informe de Reuters publicado en noviembre de 2021, diversos críticos no están seguros de qué hacer con una mujer a la que consideran una "radical peligrosa", debido a la cercanía de su marido con el difunto dictador venezolano.

Poco después de su victoria, Castro agradeció al venezolano Nicolás Maduro en Twitter después de que él la felicitara por devolver "la democracia y la paz" a Honduras.

Aunque la líder centroamericana podría revertir las políticas que han debilitado el sistema judicial de su país y fortalecido a los grupos criminales, los analistas desconfían de su deseo de celebrar referendos sobre cuestiones políticas clave.

En América Latina, este tipo de tácticas han sido utilizadas durante mucho tiempo por la izquierda para consolidar el poder, ya que los gobiernos ven esto como una táctica de presión para inclinar los votos a su favor.

Según Brendan O'Boyle, de Americas Quarterly, muchos hondureños no confían en Castro como candidata y temen que vuelva a llevar al país en la dirección equivocada.

"Para muchos, la autodenominada 'revolucionaria' Castro está lejos de representar un nuevo comienzo. Antes de ser destituido en un golpe de Estado en 2009, su marido acercó a Honduras con el venezolano Hugo Chávez, y gran parte de la clase empresarial aún teme que los Zelaya quieran retomar mismo el camino".

Cuba, Venezuela y Nicaragua

Aunque Biden ha admitido que mantiene el statu quo al tratar con las tres dictaduras de América Latina, este enfoque es inaceptable para un presidente que durante su campaña electoral destacó que "la democracia no se produce por accidente. Tenemos que defenderla, luchar por ella, fortalecerla, renovarla".

El año pasado, el gobierno cubano cometió abusos sistemáticos contra varios críticos del régimen,  periodistas ciudadanos, artistas y otras innumerables personas que se atrevieron a clamar por la libertad durante las protestas del 15 de noviembre.

Los abusos en la isla incluyen detenciones arbitrarias, torturas, deportaciones forzadas y juicios penales con abusos en respuesta a las protestas pacíficas contra el gobierno.  

Según un reciente artículo de ADN América, el régimen cubano llevó a cabo alrededor de 9.700 acciones represivas contra la población civil, lo que convierte a 2021 en el peor año de las últimas dos décadas para los derechos humanos en la isla.

En Venezuela, donde la inflación ronda el 2.000%, el hambre provocada por una economía fracasada no ha hecho más que sumarse a las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro.

Aunque más de seis millones de venezolanos han huido del país desde 2014, los que permanecen no pueden pronunciarse contra su fallido liderazgo, ya que Maduro continúa encarcelando a las voces de oposición e impide el avance de las elecciones libres.

En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América en ser objeto de una investigación formal de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, las elecciones de noviembre en Nicaragua también fueron ampliamente consideradas como fraudulentas, al llevar a Daniel Ortega a su cuarto mandato.

Desde que asumió el poder en 2007, su régimen ha desmantelado los controles institucionales del poder presidencial y ha abolido los límites de mandatos, lo cual ha servido a Ortega para permanecer en el poder.

Sin embargo, el dictador no sólo ha impedido que las voces opositoras lo desafíen electoralmente, sino que también ha practicado la tortura y las detenciones ilegales.

Según el informe, "la mayoría de los críticos han sido incomunicados y sometidos a abusos durante la detención, como interrogatorios diarios, aislamiento prolongado y alimentación insuficiente. Las autoridades han impedido que los abogados de los críticos participen en las audiencias públicas, asignándoles en su lugar defensores públicos. A pesar de las reiteradas peticiones, la mayoría de los abogados no han tenido acceso a los documentos judiciales durante meses".

Sin embargo, en vez de emprender acciones firmes contra estos regímenes represivos, el gobierno de Biden se ha contentado con recurrir a los llamados de atención y a sanciones financieras ineficaces, lo cual demuestra que no tiene intención de lograr un cambio democrático real en la región.

En definitiva, Biden ha mostrado su verdadera cara este año y demostró que, de hecho, no se siente comprometido con la promoción de la democracia en la región.

Esto se hizo evidente el 30 de diciembre, cuando se unió a un coro de dictadores -los comunistas Miguel Díaz-Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Maduro de Venezuela- para felicitar al nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, por su reciente victoria sobre el candidato de derecha José Antonio Kast.

Boric, un antiguo líder de las protestas estudiantiles de 35 años cuya coalición incluye al Partido Comunista de Chile, prometió continuar con una serie de reformas al país y apoya la iniciativa de modificar la estructura de las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFP) de Chile y la Constitución, que actualmente es reescrita por un Congreso constitucional.

Del mismo modo, su administración se apresuró a felicitar al presidente socialista de Perú, Pedro Castillo, quien prometió anular las numerosas reformas de libre mercado que permitieron a la economía peruana crecer durante las décadas de 1990 y 2000.

Mientras tanto, los últimos bastiones de la libertad están a punto de caer ante la ola rosa de América Latina, en concreto, Colombia y Brasil. Por ello, el presidente Biden debería recordar que el papel histórico y moral de Estados Unidos es promover la democracia y la libertad en todo el mundo, pero especialmente en nuestro hemisferio.

Seguir despreciando a nuestros vecinos meridionales sólo invita a déspotas como Lula da Silva y sus compinches a hablar abiertamente de crear "bases para nuestro proyecto socialista".