Régimen de Ortega aprueba ley para perseguir y confiscar bienes a opositores en el extranjero

El régimen de Daniel Ortega intensificó su política de represión al aprobar una reforma del Código Penal que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas y organismos -tanto de nicaragüenses como extranjeros- que cometan delitos contra el Estado, incluso si no se encuentran dentro del país.

La reforma penal, propuesta por el dictador nicaragüense Daniel Ortega, fue aprobada por 88 de los 91 diputados que integran la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista.

La nueva iniciativa, que reformó 27 de los 568 artículos del Código Penal, ha generado preocupación entre opositores y defensores de los derechos humanos, ya que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros contra el régimen, acciones que se considerarán como en "menoscabo de la integridad nacional".

También permite la confiscación de bienes y activos, tanto de personas naturales como jurídicas, y la disolución total de empresas que incurran en lo que el régimen sandinista considere como "delitos".

Los delitos que se enumeran son: actos de terrorismo, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, así como actos contra la administración pública y la integridad territorial.

La reforma también sanciona con de uno a tres años de cárcel a quienes entorpezcan servicios públicos; y con de tres a seis años a quienes alteren el orden público, incluida la realización de protestas y manifestaciones, que han estado prohibidas en Nicaragua desde 2018.

Esta nueva medida afecta particularmente a los más de 300 opositores nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad en 2023 y que actualmente residen en el extranjero. Muchos de ellos han adoptado otras nacionalidades, como la española, pero ahora podrían ser juzgados y ver sus bienes confiscados bajo esta nueva legislación.

A fines de agosto, un grupo de abogados argentinos presentó una solicitud instando a la Justicia de su país a actuar contra altos funcionados del régimen de Ortega y Murillo, en el marco de una investigación contra la dictadura de Nicaragua en Argentina.

“La solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”, explicó a Infobae el abogado Darío Richarte, uno de los denunciantes.

Richarte agregó que “a esta altura de la investigación y habiendo sido analizada durante meses la gran cantidad de pruebas acumuladas en el expediente, desde esta querella coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos”.

La ONG estadounidense Freedom House había alertado sobre la creciente utilización de medidas represivas contra los disidentes en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Según el informe anual de la organización, las medidas coercitivas que usan incluyen la retirada de la nacionalidad, prohibiciones de viaje, retención de documentos de identidad y negación de servicios consulares. El documento, centrado en la "represión transnacional", destaca que estas restricciones son formas de represión menos visibles en comparación con los asesinatos y secuestros que también se cometen.