Parlamento Europeo denuncia la última reforma constitucional en Nicaragua

El Parlamento Europeo se reunió este miércoles para denunciar la última reforma Constitucional de Nicaragua que transforma el Estado, elimina el equilibrio de poderes y otorga un poder total al dictador Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo.

La Eurocámara tiene previsto aprobar este jueves una resolución no vinculante para condenar la represión del régimen nicaragüense y pedir que se active una cláusula democrática del Acuerdo de Asociación de la UE con el país centroamericano, que permite suspenderlo si se determina que no cumple con los derechos humanos.

Durante el encuentro de este miércoles, el diputado español Antonio López Istúriz felicitó de forma sarcástica a Ortega y a Murillo por lograr que todo el Parlamento Europeo se pusiera de acuerdo en denunciar “sus crímenes, tortura, persecución y exilio al que han sometido al pueblo nicaragüense y especialmente a la Iglesia católica".

 La resolución que aprobará la Eurocámara mañana “deja claro al mundo” que no se van a permitir “las tropelías de una dictadura familiar”, agregó López Istúriz.

Por su parte, la diputada española socialdemócrata Leire Pajín recalcó que la reforma de Nicaragua es “otra vuelta de tuerca” del régimen contra el pluralismo, la democracia y el Estado de derecho. Además, aprovechó su intervención para transmitirle a los nicaragüenses que “no están solos” y que la UE “seguirá de su lado” como ya ha hecho el Parlamento Europeo.

El ultraconservador italiano Carlo Fidanza pidió una acción “fuerte en Europa y coordinada con Estados Unidos”, como por ejemplo activar la cláusula democrática del acuerdo entre ambos para que se puedan bloquear fondos, ya que la reforma sólo afianza a Ortega y Murillo en un “régimen que pisotea desde hace años el Estado de derecho”.

Oihane Agirregoitia, del Partido Nacionalista Vasco, advirtió que la reforma permite a la pareja presidencial tomar el control de todos los poderes del Gobierno, las instituciones independientes y los medios de comunicación. Además, recordó que desde 2018 el régimen ha privado a más de 450 personas de la nacionalidad y cerrado más de 5.600 ONG y al menos 58 medios.