Piden captura internacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo por crímenes de lesa humanidad

Un grupo de abogados argentinos presentó una solicitud instando a la Justicia de su país a actuar contra altos funcionados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el marco de una investigación contra la dictadura de Nicaragua en Argentina.

Esta petición tiene que ver con los procesos penales contra el régimen nicaragüense, abiertos desde octubre de 2022 por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, y después, en enero de 2023, por el Foro Argentino para la Democracia en la Región (FADER).

“La solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”, explicó a Infobae el abogado Darío Richarte, uno de los denunciantes.

Richarte agregó que “a esta altura de la investigación y habiendo sido analizada durante meses la gran cantidad de pruebas acumuladas en el expediente, desde esta querella coincidimos con la Fiscalía y creemos que existe suficiente evidencia para justificar el pedido de declaración indagatoria de los imputados. Además, solicitamos la detención y que se libre orden de captura internacional contra ellos”.

Asimismo manifestó que “el Estado argentino tiene la obligación de actuar conforme a sus compromisos internacionales y a las leyes nacionales en la materia”.

Entre los argumentos presentados "se destacó la necesidad de estas medidas para asegurar la comparecencia de los acusados y evitar que interfieran con la investigación, como ya han intentado hacerlo", según Infobae.

También se subrayó que la situación en Nicaragua ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que constató recientemente el empeoramiento de las condiciones de represión y violaciones a los derechos humanos en el país.

La solicitud, de igual modo, hizo referencia a los principios del derecho internacional establecidos luego de los juicios de Núremberg, que imponen responsabilidades penales a los jefes de Estado por crímenes graves, independientemente de su cargo.

Los abogados enfatizaron en que Argentina, como signatario del Estatuto de Roma, está comprometida a investigar y juzgar estos crímenes.

Por último, solicitaron que la Justicia proceda con las órdenes de detención y captura internacional para asegurar que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la ley y se cumplan los compromisos del país con la justicia internacional.

El miércoles pasado la ONG estadounidense Freedom House alertó sobre la creciente utilización de medidas represivas a los disidentes en Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Según el informe anual de la organización, las medidas coercitivas que usan incluyen la retirada de la nacionalidad, prohibiciones de viaje, retención de documentos de identidad y negación de servicios consulares. El documento, centrado en la "represión transnacional", destaca que estas restricciones son formas de represión menos visibles en comparación con los asesinatos y secuestros que también se cometen.

Uno de los ejemplos que utilizó la organización para visualizar sus resultados es el de la dictadura de Ortega, que solamente en 2023 despojó de su nacionalidad a 222 opositores encarcelados poco después de deportarlos a Estados Unidos. Incluso se explica que los funcionarios de ese régimen obligaron a cada uno de los opositores a firmar un formulario en el que se decía que consentían la deportación. 

Otros 94 nicaragüenses, la mayoría de los cuales vivían en el exilio, perdieron su ciudadanía y sus bienes, dice el documento. En Nicaragua las prohibiciones de viajar se extienden a familiares de opositores, que no pueden comprar boletos de avión o autobús porque el régimen comparte los datos con las empresas de transporte.