Nicaragua considera suspender relaciones con el Vaticano después de que el Papa llamara "dictadura grosera" al régimen de Ortega

El gobierno de Nicaragua aseguró el domingo que está considerando suspender las relaciones con el Vaticano después de que el Papa Francisco comparara el régimen de Daniel Ortega con una dictadura nazi o comunista.

En una entrevista concedida el 10 de marzo al medio argentino Infobae, el Papa Francisco calificó al régimen de "dictadura grosera" dirigida por un presidente "desequilibrado".

"Tenemos un obispo preso, un hombre muy serio y capaz, que quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", dijo Francisco, en referencia al obispo católico nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión el mes pasado.

"Es algo ajeno a lo que estamos viviendo, como si fuera una dictadura comunista en 1917 o hitleriana en 1935", agregó.

En respuesta a los comentarios del Papa, la cancillería nicaragüense emitió un comunicado el domingo diciendo que "se propuso la suspensión de las relaciones entre la República de Nicaragua y el Estado Vaticano”.

Una alta fuente anónima del Vaticano confirmó que el régimen había solicitado el cierre de las misiones diplomáticas de ambas partes, añadiendo que no significa una ruptura total de las relaciones entre Nicaragua y el Vaticano, pero podría conducir a esa posibilidad.

La relación entre el régimen de Ortega y la Iglesia católica se ha deteriorado desde 2018, después de que el gobierno nicaragüense reprimiera violentamente las protestas antigubernamentales, dejando más de 355 muertos y más de 2.000 heridos.

Durante ese tiempo, la Iglesia ofreció refugio a muchos que huían de la represión y luego trató de trabajar como intermediaria entre el régimen y la oposición.

Desde entonces, Ortega ha expulsado sistemáticamente del país a varias monjas y misioneros y ha cerrado innumerables emisoras de radio y televisión católicas, así como organizaciones benéficas y otros grupos civiles.

El pasado agosto, el régimen detuvo al obispo Rolando Álvarez, que dirigía la diócesis de Matagalpa, tras un enfrentamiento de dos semanas con la policía local. Además, el régimen prohibió la procesión católica de Nuestra Señora de Fátima, alegando "razones de seguridad interna”.