Jueza en caso contra Trump: nombrada por Obama después de donarle dinero a su campaña

La jueza de distrito de Whashington D.C. Tanya Chutkan, que será quien lleve el caso de la acusación contra el expresidente Donald Trump, ha sido una donante demócrata durante años.

Chutkan fue nombrada por el presidente Barack Obama tiempo después de que ella le donara $1,500 a sus campañas presidenciales entre 2008 y 2009. Si bien esto no es ilegal, establece, si no un Quid pro quo, que en latín significa “alguna cosa por alguna cosa”, o lo que es lo mismo, dar algo para recibir algo a cambio, sí un serio conflicto de intereses, sobre todo porque Chutkan tiene visiones politizadas de lo que debe ser la justicia. 

Chutkan ha dicho que las protestas por la muerte de George Floyd fueron mayormente pacíficas, cuando la verdad es que fueron todo lo contrario. Y las catalogó de lucha por los derechos civiles, cuando en realidad muchas fueron salvajes actos violentos llenos de vandalismo. Al menos 30 personas murieron durante las protestas,  26 de ellas debido a heridas de bala. Y las pérdidas materiales alcanzaron los 2000 millones de dólares.

Inlcluso la propia prensa de izquierda calificó los hechos de violentos. "Las protestas por la muerte de George Floyd incendian Estados Unidos de costa a costa. Disturbios en una treintena de ciudades", informó el periódico izquierdista español El País, con marcado orgullo, en medio de los acontecimientos.

A la señora Chutkan se le olvidan los asesinatos brutales, los saqueos, las declaraciones de estados de emergencia en más de 40 estados. Más de 15 estados usando la Guardia Nacional para controlar la violencia. Pero, sobre todo, los cientos de manifestantes violentos que amenazaron la seguridad de la Casa Blanca, en la que estaba el presidente Trump, obligando al toque de queda en la capital del país. Chutkan miente sobre la naturaleza de los hechos tras la muerte de Floyd, porque, como dijera el presidente Trump, no fueron "actos de protesta pacífica, sino terrorismo doméstico”. 

‼️ A UNA CUADRA DE LA CASA BLANCA QUEMAN Y DESTROZAN VEHÍCULOS. #GeorgeFloyd #BlackLivesMatter pic.twitter.com/iIhejmndxM

— Bricio Segovia (@briciosegovia) June 1, 2020

Las lealtades de Chutkan al Partido Demócrata deberían ser razones suficientes para que se recusara del caso. Pero no va a ser así, porque este es un caso con claras motivaciones políticas. Para Chutkan el 6 de enero una "mafia buscaba derrocar al gobierno elegido legalmente".

Para ella la salvaje violencia por la muerte de Floyd y los disturbios del 6 de enero son "una equivalencia falsa, que ignora un peligro muy real, que los disturbios del 6 de enero representaron para los cimientos de nuestra democracia”.

La verdad es que el 6 de enero la violencia brutal estuvo del lado de las fuerzas del orden. Hubo un solo crimen salvaje, y lo cometió un policia del Capitolio. Un asesinato sin sentido, con un disparo a quemarropa al cuello de una mujer desarmada, Ashli Babbitt, una exmilitar de 35 años. Y si de paralelismo racial o equivalencia se trata, este fue el crimen de un policía negro, Michael Byrd, matando a una mujer blanca, que no representaba ninguna amenaza para su vida.

De las otras cuatro muertes, 3 fueron producto de emergencias médicas de simpatizantes de Trump. Y la cuarta fue la "muerte violenta" que la prensa se inventó, de un oficial de policía por una supuesta agresión mortal que nunca existió.

El agente Brian D. Sicknick en realidad murió de un infarto. Había sufrido varios episodios vasculares horas antes de los disturbios. Sin embargo, Julian Elie Khater, de 32 años, y George Pierre Tanios, de 39, fueron acusados de matarlo con un "arma mortal". Khater fue condenado a 6 años de prisión por rociar a dos oficiales con gas pimienta y Tanios a 10 meses de prisión.

En cambio, la justicia parece no juzgar con la misma vara en estos tiempos, donde la izquierda radical dictamina a su antojo desde la Casa Blanca, pues al menos 19 ciudades de EE. UU. pagarán más de $80 millones a los manifestantes que sufrieron lesiones como resultado de la acción de cuerpos policiales, como arrojar gas pimienta. 

Chutkan ha ganado notoriedad por dar castigos muy duros a los presos por los sucesos del 6 de enero, que protestaron por los resultados de las elecciones de 2020 ante reclamos de innumerables irregularidades en diferentes estados. Algunas de las condenas han sido, incluso, más fuertes que las recomendadas por la fiscalía.

The Blaze dijo que Chutkan "es una izquierdista designada por Obama cuyo historial de golpear despiadadamente a los acusados el 6 de enero, luchar contra la administración Trump y codearse con los donantes de Biden podría ser motivo de preocupación para el principal rival político del titular demócrata".

Pero AP, una agencia de prensa claramente izquierdista, ha dicho: "Otros jueces generalmente han dictado sentencias que son más indulgentes que las solicitadas por los fiscales. Chutkan, sin embargo, ha igualado o superado las recomendaciones de los fiscales en 19 de sus 38 sentencias. En cuatro de esos casos, los fiscales no buscaban ningún tiempo en la cárcel".

Obama nombró a Chutkan, nacida en Jamaica, para la corte del Distrito de Columbia en junio de 2014. Su nominación pasó por el Senado sin mucha oposición republicana.

Es notable que las acusaciones contra Trump llegan justo un día después de la audiencia en el Congreso de un socio comercial de Hunter Biden, las cuales han arrojado más evidencia sobre la participación del presidente Joe Biden en los negocios  de su hijo Hunter Biden con empresas extranjeras.

Negocios por los que, supuestamente, la familia Biden ha recibido millones de dólares en operaciones que parece tienen más de tráfico de influencia que de verdaderos negocios. Como es el hecho de que Hunter Biden recibiera dinero por ser parte de la junta directiva de la empresa de energía ucraniana Burisma sin saber nada de energía, a cambio de que su padre, cuando era vicepresidente, obligara al gobierno ucraniano a destituir al fiscal que investigaba a la compañía por corrupción.

Trump fue acusado de cuatro cargos que alegan que el expresidente "buscó medios ilegales para descontar votos legítimos y subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, a través de tres conspiraciones criminales", según el Departamento de Justicia. Incluso, uno de los cargos: “Conspiración contra los derechos”, podría llevar a la pena de muerte. En cambio, Stephan Cannon, de 26 años, fue sentenciado a cadena perpetua pese a  asesinar a sangre fría al capitán de la policía retirado David Dorn durante las protestas violentas por la muerte de Floyd.

Trump dijo que estos nuevos cargos son “el último capítulo corrupto en el patético intento continuo de la familia criminal Biden y su Departamento de Justicia armado para interferir con las elecciones presidenciales de 2024". A la luz de los hechos, tiene toda la razón.

Es esta la segunda acusación federal para el expresidente después de que fuera acusado por mal manejo de documentos de seguridad nacional en junio. A principios de este año también fue acusado por el presunto pago de dinero secreto a la actriz porno Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2001.

Parodiando al gran Shakespeare, en estos cargos contra Donald Trump, algo huele a podrido en Washington.