Cómo el control de los precios expulsó a Uber y Lyft de Minneapolis y St. Paul

Los servicios de transporte Uber y Lyft han anunciado recientemente su retiro de las ciudades de Minneapolis y St. Paul, en el estado de Minnesota, debido a una nueva ordenanza municipal que busca aumentar la remuneración de los conductores. 

La ordenanza, que fue aprobada con un voto de 10-3, establece un salario mínimo equivalente a $15.57 por hora para los conductores de Uber y Lyft. Ante esta decisión, ambas empresas han anunciado que cesarán sus operaciones en las de Minneapolis y St. Paul a partir del 1 de mayo, argumentando que el modelo económico propuesto es insostenible para sus operaciones.

"Nos decepciona que el Ayuntamiento haya decidido ignorar los datos y expulsar a Uber de las Ciudades Gemelas, dejando a 10.000 personas sin trabajo y a muchas varadas", dijo Uber en un comunicado.

Los defensores de la ordenanza argumentan que busca garantizar un salario justo para los conductores, pero críticos señalan que el plan aprobado no se ajusta adecuadamente a los estándares de salario mínimo. 

Según informes, el plan aprobado por la administración local garantiza un salario mínimo de $1.40 por milla y $0.51 por minuto, una cifra considerablemente superior a la recomendada por un reciente estudio del Departamento de Trabajo e Industria de Minnesota que concluía que los conductores podrían cobrar 0,49 dólares por minuto y 0,89 dólares por milla y ganar el salario mínimo.

La discrepancia entre la ordenanza aprobada y los hallazgos del estudio plantea dudas sobre la efectividad de la medida para garantizar un salario digno para los conductores. Además, hay preocupaciones sobre la intervención del gobierno en la fijación de los salarios en un sector que tradicionalmente se ha basado en acuerdos voluntarios entre conductores y plataformas de transporte.

La controversia resalta un debate más amplio sobre el papel del gobierno en la regulación de los salarios y los precios en la economía. Mientras algunos argumentan a favor de intervenciones estatales para garantizar condiciones laborales justas, otros advierten sobre los riesgos de interferir en los mecanismos de mercado.

Históricamente, los controles de salarios y precios han demostrado ser ineficaces y pueden generar una serie de problemas económicos, como escasez, excedentes y distorsiones en la asignación de recursos. A pesar de estas lecciones del pasado, algunas autoridades locales persisten en implementar políticas de control que pueden tener consecuencias adversas para trabajadores, empresas y consumidores.