Nicaragua, Venezuela y Cuba cometieron abusos “aberrantes”, denuncia Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) acusó a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba de cometer abusos aberrantes en su último informe anual, en el que instó a los líderes del resto de países latinoamericanos a presionar para lograr una transición democrática en las dictaduras de izquierda.

La ONG dio a conocer el jueves su Informe Mundial 2023, en el que expresa su preocupación por el agravamiento de la violencia, la pobreza y el deterioro de los derechos humanos en América Latina y el Caribe y afirma que estos problemas han expulsado a millones de personas de sus hogares, lo que ha profundizado la crisis migratoria en la región.

El informe acusó al régimen cubano, presidido por el cubano Miguel Díaz-Canel, de llevar a cabo detenciones arbitrarias (sin autorización judicial previa) e intimidaciones contra opositores, activistas y críticos independientes. Según organizaciones de defensa interna, se han registrado más de 1.500 detenciones (principalmente de manifestantes pacíficos).

De esta cifra, más de 660 permanecían bajo custodia policial en octubre de 2022 y, según informes, fueron sometidos a malos tratos y, en algunos casos, a tortura. 

La migración fue otro punto destacado en Cuba donde, según el informe anual, aumentó el número de ciudadanos que abandonan la isla, rompiendo así el récord registrado en los años ochenta y la década siguiente.

En cuanto a la situación en Venezuela, la ONG denunció las prácticas políticas y del Estado de Derecho que han provocado el éxodo de 7,1 millones de ciudadanos, considerada una de las crisis migratorias más graves de la era contemporánea.

También mencionó que varias naciones de la región han acogido a los millones de venezolanos que huyeron de su patria, pero esto no es suficiente ante las dificultades para regularizar su situación. Según el informe, muchos de ellos son víctimas de xenofobia en los lugares de acogida debido a la ausencia de una "estrategia regional coordinada".

En el caso de Nicaragua, condenó la censura de más de 2.000 organizaciones no gubernamentales y la represión contra miembros de la Iglesia católica. También aseguró que existe impunidad sobre los abusos cometidos en 2018 por miembros de la Policía Nacional y simpatizantes del régimen de Daniel Ortega.

Además, la ONG citó a organizaciones internas de derechos humanos para señalar que, hasta septiembre de 2022, había más de 200 ciudadanos detenidos, incluidos los arrestados durante las elecciones de 2021.