Riesgos de una ley que viabiliza la censura en Brasil

La fiscalización del punto de vista conservador se ha agudizado mucho, tanto en Estados Unidos como en Brasil. En las últimas semanas, por ejemplo, se ha intensificado el debate en torno al Proyecto de Ley 2630, también conocido como "Proyecto de Ley de las Fake News”, una nueva propuesta que supone una grave amenaza para las libertades en Brasil.

El miércoles 6 de abril se votó el “régimen de urgencia” del proyecto de ley. Eran necesarios 257 votos para que una propuesta que acelerara la tramitación del texto fuera aprobada. Solo se consiguieron 249 votos favorables, de manera que apenas 8 votos de la Cámara de Diputados decidieron que el proyecto siguiera tramitándose por los canales habituales del poder legislativo.

Si bien la propuesta no fue aprobada mediante el régimen de urgencia, y el debate sobre cómo se regularán las Big Tech en Brasil sigue abierto, es importante entender el nuevo proyecto de ley, la estructura de poder que controla la información en la actualidad y sus implicaciones para la libertad de expresión y la privacidad en línea para los usuarios.

Conocer la estructura de poder que incidió en el proyecto es decisivo para una mejor comprensión de lo que está en juego para Brasil.  Como en otros países occidentales, en Brasil existen algunos actores principales que controlan la información en Internet, como son las Big Techs y sus respectivos sectores de regulación (o censura) de contenidos internos; las agencias de control que determinan qué es cierto o falso (decidiendo qué circulará y qué no); y finalmente el poder judicial, que puede actuar como último recurso.

En los dos primeros casos, es evidente la hegemonía de profesionales de sesgo progresista que definen lo que es “verdad” en Internet y que tienen los medios para limitar, restringir o excluir contenidos que consideran inconvenientes dentro de sus plataformas digitales.

En un contexto más amplio, entre los actores implicados ​​en el proyecto, se destacan el Big Techs, los principales vehículos de comunicación, los colectivos de ONG de izquierda como “Direitos nas Redes”, y los usuarios de Internet en general. Estos actores de alguna manera decidirán la nueva regulación a través de la mayor o menor fuerza de sus lobbies.

Semanas antes de la votación, Google realizó una campaña publicitaria que cuestionaba una de las propuestas del proyecto, la que les obligaría a pagar por artículos de periódicos indexados en su lista de búsqueda; mientras que los grandes periódicos de los medios tradicionales querían estos recursos económicos para ellos. El colectivo de ONG “Direitos nas Redes”, que incluye una serie de organizaciones de sesgo izquierdista, también participó activamente en el proceso de construcción del texto legislativo. 

Algunas medidas tomadas internamente por estas empresas tienen repercusiones incalculables en la sociedad y merecen recordarse. En EE. UU., Google prácticamente prohibió las menciones a Joe Biden dentro del portal de noticias Breitbart y redujo casi el 100% de las citas de este periódico referidas al entonces candidato demócrata a la presidencia en el mayor buscador de información del planeta. Twitter ha suspendido permanentemente la cuenta del expresidente Donald Trump. Poco después de las elecciones de 2016, los directores ejecutivos de Google declararon explícitamente en una reunión de la compañía que tomarían medidas para detener la ola trumpista. El propio Mark Zuckenberg (dueño de Facebook, Instagram y Whatsapp) ha dicho que Silicon Valley es “extremadamente de izquierda”.

Esta posición política antiderechista de las multinacionales tecnológicas se repite en Brasil. Muchos influencers conservadores están restringidos, padecen de “censura fantasma” o son censurados abiertamente en plataformas como Instagram, Twitter, Facebook o Youtube.

En estos tiempos digitales, las agencias de verificación son otro eslabón clave en la cadena de control de la información. Un reportaje del Jornal Gazeta do Povo demuestra el alineamiento ideológico izquierdista de las agencias brasileñas de comprobación. Entre otros argumentos, el informe demuestra que algunos de los “periodistas verificadores” ya eran partícipes de la Secretaría de Prensa del gobierno del PT de Dilma Rousseff. Muchos son incluso militates y activistas de causas políticas, invariablemente dl espectro político progresista y socialista.

Para complementar esta estructura de control informativo está la actuación de ONGs con clara definición política e ideológica. El principal en Brasil es el grupo de ONGs denominado “Coalición de Derechos en la Red”. Entre sus miembros se encuentran organizaciones de extrema izquierda como “Centro de Estudos de Meios Alternativos Barão de Itararé”, "Ciranda Internacional de Comunicação Compartilhada" e “Intervozes”. La organización “Direitos na Rede” tiene un poderoso lobby en el Congreso y la capacidad de influir en la redacción final del proyecto, y también en relaciones armoniosas con el diputado del Partido Comunista de Brasil, Orlando Silva, quien es el relator del proyecto. El propio diputado reconoció en la tribuna del Congreso Nacional la activa participación de la “Coalición Derechos en las Redes”.

Una vez reconocido este contexto, pasemos a discutir algunos elementos del proyecto de ley en sí. Para empezar, el proyecto corre el riesgo de crear una estructura similar al “Ministerio de la Verdad” de la novela 1984, de George Orwell; es decir, una estructura de control de información legitimada por la ley. Este objetivo no se establece abiertamente, sino entre líneas, en el proyecto de ley.

El "Newspeak" comienza con el nombre de la ley que se llama "Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet" cuando en realidad es una ley que busca controlar la Internet y las plataformas digitales. Un apartado específico del texto que trata de los “procedimientos de moderación” oficializa la “moderación” (o la censura) de las redes sociales colocando procedimientos de eliminación o limitación de algunos contenidos y reforzando vagos conceptos como “daño inmediato de difícil reparación” o “seguridad de la información del usuario” a fin de “moder” sin justificación.

También se crea el “Consejo de Transparencia y Rendición de Cuentas de Internet”, que obliga a las Big Techs a emitir informes a este grupo, que de esa manera ganará control e injerencia en las plataformas. Aquí el debate va más allá del control público o privado, mediante la creación de “consejos” que, mezclando lo público y lo privado, tendrán poderes excepcionales. Otro concepto muy contradictorio es el de la “autorregulación regulada” (un oxímoron) que hará que estas empresas sean rehenes del “Consejo de Transparencia y Rendición de Cuentas de Internet”.

Otro problema del texto fue señalado en el debate entre los diputados Filipe Barros y Orlando Silva en el programa “Agora com Lacombe”. Barros cuestiona que no haya una definición clara de lo que es “fake news” o “desinformación”, y esa vaguedad conceptual deja a discreción del “Consejo” qué encajará o no en estos conceptos y quiénes serán censurados o no, amparado en el noble ideal de combate el "fake news".

A fin de cuentas, el proyecto de ley busca crear más burocracia dentro de un organismo de control paraestatal. Sin embargo, no se menciona la censura privada que las Big Tech vienen practicando contra ciertos sectores políticos en Brasil desde hace tiempo. La persecución contra periodistas como Allan dos Santos en estas plataformas debería ser el punto de partida para un debate sobre una ley que busque más libertad y no más control. Pero ese no es, definitivamente, el enfoque del proyecto de ley hasta el momento.