EEUU sanciona a funcionarios nicaragüenses implicados en el exilio de opositores

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones a tres funcionarios nicaragüenses que participaron en la revocación de la ciudadanía a más de 300 críticos del régimen comunista de Daniel Ortega.

"Estados Unidos está tomando nuevas medidas para responsabilizar a los autores de las acciones represivas del régimen nicaragüense", indicó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado de prensa.

En febrero, Ortega liberó a más de 200 presos políticos de sus cárceles y los envió a Estados Unidos tras despojarlos de su ciudadanía nicaragüense, convirtiéndolos en apátridas. Una semana después, el régimen también revocó la ciudadanía a otros 94 nicaragüenses exiliados, algunos de los cuales vivían en el país.

Estados Unidos sancionó a tres jueces de Managua, Nadia Caimla Tardencilla Rodríguez, del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Managua; Ernesto Leonel Rodríguez Mejilla, del Juzgado de Apelaciones de Managua; y Octavio Ernesto Rothschuch Adino, del Juzgado Primero de Apelaciones en lo Penal de Managua. Blinken dijo que los tres eran "directamente responsables" de la controvertida decisión de dejar a muchos "individuos apátridas."

"El régimen de Ortega sigue participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras sobresalientes de la oposición de Nicaragua, incluso a través de su sistema judicial", señaló Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, en el comunicado del miércoles.

Grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas han acusado al régimen de Ortega de utilizar el poder judicial del país para atacar y reprimir a los opositores políticos, una medida que aumentó desde que el gobierno tomó medidas enérgicas contra la oposición tras las protestas de 2018.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional publicó el martes un informe en el que afirma que el régimen ha consolidado su poder a través del "uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente a activistas y disidentes, los ataques a la sociedad civil y el exilio forzado”.

"Seguiremos utilizando las herramientas diplomáticas y económicas disponibles para promover la rendición de cuentas por los abusos del régimen Ortega-Murillo", añadió Blinken.