Daniel Ortega ordena la disolución de la Academia Nicaragüense de la Lengua y otras 83 ONG

El gobierno nicaragüense, a través del Ministerio del Interior, ordenó el cierre de unas 83 ONG locales más, entre ellas la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños, que posee una de las bibliotecas virtuales más completas del país, informó el sábado el Poder Legislativo.

Con esas nuevas 83 asociaciones se elevan a 229 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega en lo que va de mayo, y a 319 desde diciembre de 2018.

La cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, la cual fue otorgada el 8 de agosto de 1928, es decir hace casi 94 años.

Además, la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), que creó la biblioteca virtual con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses.

Asimismo, la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS), que llevan el vital líquido a lugares remotos sin acceso al agua potable.

Según el decreto presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, también se pide cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecanciller y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer régimen sandinista (1979-1990).

El principal motivo por el que Ortega ha cancelado a estas ONG es que se considera que han incumplido las leyes pertinentes, entre ellas la de no registrarse como "agentes extranjeros".

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), al menos 236 ONG han visto cancelada su personalidad jurídica desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular que se originó por unas polémicas reformas de la seguridad social, calificadas de intento de golpe de Estado por Ortega, reportó Efe.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.