El Salvador: movilizan 8000 efectivos en busca de pandilleros en zonas rurales

El gobierno de El Salvador movilizó el martes alrededor de 8000 soldados y policías hacia una provincia rural para buscar pandilleros, mientras el país continúa tomando medidas enérgicas contra el crimen.

Alrededor de 7000 soldados y 1000 policías fueron enviados para establecer un sitio en El Salvador, en la provincia central de Cabañas, adonde varios pandilleros huyeron después de que el presidente Nayib Bukele lanzara su campaña contra las pandillas, en marzo de 2022. Soldados y policías rodearon el área para evitar que los miembros de las pandillas pudieran salir y para cortarles sus líneas de suministro.

“En las últimas semanas y como resultado de nuestra guerra contra las pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado allí buscando sus zonas rurales para esconderse”, dijo Bukele en un tuit.

“Este operativo masivo garantizará una mayor seguridad en la zona y no lo terminaremos hasta que encontremos a todos los delincuentes”, agregó.

En las últimas semanas y producto de nuestra guerra contra pandillas, Cabañas se ha convertido en el lugar con mayor número de células terroristas, que han llegado ahí buscando sus áreas rurales para ocultarse. pic.twitter.com/k1jLwyvfYt

— Nayib Bukele (@nayibbukele) 1 de agosto de 2023
Cabañas es una de las provincias más pequeñas de El Salvador, con 150000 habitantes. Ubicada a unos 70 kilómetros al oeste de El Salvador, es una región agrícola, famosa por el cultivo del café y la caña de azúcar, y por la ganadería.

El 27 de marzo de 2022, Bukele solicitó poderes especiales para acabar con las pandillas luego de que se produjera un repunte de homicidios por cuyo efecto murieron 62 personas en 48 horas.

Las medidas, que inicialmente solo debían durar un mes, se han extendido por más de un año. Hasta el momento, alrededor de 71976 personas han sido arrestadas por presuntos vínculos con pandillas.

El mes pasado, el Congreso de El Salvador aprobó la celebración de juicios masivos para las miles de personas arrestadas durante la represión. La medida permitiría a los fiscales juzgar hasta 900 personas al mismo tiempo, siempre que pertenezcan al mismo grupo criminal o sean de la misma región.

Los críticos, sin embargo, afirman que los juicios masivos están negando a las personas su derecho al debido proceso. Solo alrededor del 30% de los detenidos tienen vínculos claros con el crimen organizado, según el grupo local de derechos humanos Cristosal.