José Miguel Vivanco pide a Duque “medidas serias” para evitar abusos policiales en Colombia

El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, denunció este jueves los abusos policiales y las violaciones de derechos humanos en Colombia, e instó al presidente Iván Duque a tomar “medidas serias”.  

"Presidente Ivan Duque, los hallazgos de los recientes informes sobre abusos policiales son graves. En vez de hacer descalificaciones personales, corresponde que reciba los informes, presente reparos sustantivos (si los tiene) y tome medidas serias para que estos hechos no se repitan", advirtió Vivanco en Twitter.

El abogado y defensor de DD.HH. respondió un tuit anterior de Duque, en el que cuestiona la instrumentalización política y electoral que algunos candidatos hacen sobre temas relacionados con la Fuerza Pública.

Que sea esta la ocasión para decir que con la #FuerzaPública y con la @PoliciaColombia no se hace politiquería, porque ellos protegen a los colombianos y, pretender hacerlo con quienes nos defienden, es la forma más vil de aspirar a cualquier cargo de elección popular. pic.twitter.com/utAb1kwKC4

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 14, 2021

El presidente colombiano tuiteó el martes un video en el que reiteró que no se hace politiquería con la Fuerza Pública para fines electorales. 

Pres. @IvanDuque,

Los hallazgos de los recientes informes sobre abusos policiales son graves.

En vez de hacer descalificaciones personales, corresponde que reciba los informes, presente reparos sustantivos (si los tiene) y tome medidas serias para que estos hechos no se repitan https://t.co/yhad7T72yH

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) December 16, 2021

Vivanco le recordó a Duque que recientes informes comprometen a la Policía en graves abusos y violaciones de los derechos humanos durante las protestas de 2020, que se originaron después de que un ciudadano murió a causa de la brutalidad policial en un Comando de Atención Inmediata (CAI) de Bogotá. 

Esta semana se conoció un documento de 177 páginas que responsabiliza a la Policía de 11 asesinatos, cometidos durante los dos días de manifestaciones tras el asesinato de Javier Ordóñez en una estación policial, en septiembre de 2020. 

Se trata de una investigación independiente, solicitada por la Alcaldía de Bogotá y apoyada por las Naciones Unidas. El informe, de perfil académico y extrajudicial, estuvo liderado por el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret y siete investigadores, contratados a través del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y complementa las indagaciones de las autoridades judiciales y disciplinarias.

El informe describió los hechos ocurridos entre el 9 y 10 de septiembre de 2020 como una "masacre" y señaló varias prácticas violentas como detenciones arbitrarias, estigmatización de la protesta social, uso ilícito de la fuerza, impunidad y violencia durante esos dos días.

Las conclusiones del informe destacan que: 

1. Los días 9 y 10 de septiembre la Policía de Colombia reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha. Según los investigadores, la masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego en contra de los manifestantes.

2. La Policía Nacional actuó con violencia desproporcionada contra los jóvenes que protestaban en sectores populares de Bogotá y Soacha. 

3. Durante las noches del 9 y 10 de septiembre hubo 14 asesinatos, 75 personas heridas con arma de fuego, 43 con arma cortopunzante, 187 con  otro tipo de elementos. Además, 216 miembros de la Policía Nacional resultaron heridos.

4. "La subordinación de las autoridades a la gobernación y alcaldes es una ficción", denunció el relator. Según el informe la Policía no se encuentra subordinada a las autoridades locales y civiles quienes no intervienen en sus procesos de selección y no ejercen funciones disciplinarias.

5. La estrategia investigativa para la judicialización de los crímenes ocurridos en el marco de las manifestaciones es escasa.

Videos y fotografías que hacen parte del acervo probatorio registraron las brutales agresiones que recibió Javier Ordóñez en el CAI Villa Luz (Engativá), de donde salió moribundo hacia la Clínica Santa María del Lago, la madrugada del 9 de septiembre. 

El video de la agresión que sufrió Ordóñez en la vía pública, las constantes descargas con el taser, sus ruegos para que lo soltaran y el acoso de los patrulleros Juan Camilo Lloreda y Damián Rodríguez, desataron las protestas y enfrentamientos que dejaron 11 víctimas mortales en Bogotá, reportó El Tiempo.

En la presentación del informe estuvieron presentes Juliette de Riveros, Alta Comisionada para los DD.HH de ONU, representantes de las víctimas; y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien, en medio de las lágrimas, hizo un llamado a la "reconstrucción de la memoria", indicó el citado diario.

La canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, envió una carta al día siguiente a la representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU, manifestando su malestar ante la intervención de la diplomática en la presentación del informe. "En sus declaraciones, usted parece refrendar el contenido de un documento que el Estado no conocía hasta ayer y que plantea una situación de desconfianza grave en la institucionalidad y, en particular, en la Policía", cuestionó la canciller.