ONU pide a México evitar criminalización de protestas y torturas

El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó este martes al gobierno de México que "deje de criminalizar la protesta y la defensa de los Derechos Humanos", y denunció algunos casos de torturas y malos tratos contra activistas en el país.

"La detención y tortura de un defensor de derechos humanos pone a la luz la criminalización de la protesta social", concluyó el Comité, según un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

La declaración de la ONU surge tras un estudio del caso de Damián Gallardo Martínez, profesor y activista a favor de los derechos de los pueblos indígenas en México, considerado un ejemplo de violación de los DD.HH y de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Gallardo Martínez, miembro del Pueblo Indígena Ayuujk de la región Mixe, en el estado mexicano de Oaxaca, defiende la educación en comunidades indígenas locales durante varios años y participó en protestas organizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En mayo de 2013, siete policías irrumpieron en su casa y lo arrestaron sin orden judicial. Durante su detención, permaneció incomunicado en un "centro de detención clandestino, donde fue golpeado por agentes de la Policía para que divulgara información sobre otros participantes del movimiento por el derecho a la educación", menciona el informe del Comité.

El propio Gallardo denunció que los policías lo amenazaron con violar a su hija y su pareja, y con asesinar a sus padres. Además, fue obligado a firmar una serie de documentos que luego fueron utilizados para presentar su supuesta confesión ante un juez.

El activista y su familia han presentado varias denuncias por los actos de tortura en su contra, pero no han obtenidos respuestas sobre el inicio de investigaciones.

"Gallardo Martínez fue sometido a actos de tortura que buscaban doblegar su voluntad al extremo y convencer de la capacidad de sus agresores de infligirle dolor o incluso la muerte", destacó Peter Vedel Kessing, miembro del Comité.

También se solicitó que México proporcione a Gallardo y a sus familiares una "reparación integral" y una "disculpa pública" por los abusos en su contra.

El Comité advirtió que el proceso penal contra Gallardo Martínez refleja un patrón de criminalización de las protestas sociales, por lo que urgió a México a tomar medidas para garantizar la no repetición de estos casos, a fin de que los defensores de la educación y los derechos de los pueblos indígenas no sean criminalizados por sus actividades legítimas.

México afronta una crisis de violencia contra activistas de derechos humanos. Según la Secretaría de Gobernación (Segob), al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas han sido asesinados durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018.

El 13 de diciembre, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, dio a conocer las 11 prioridades de la dependencia, entre las que se encuentra la continuación de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, trabajar en el programa nacional de reparaciones a víctimas, así como replantear el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otras.