Jueza frena la polémica militarización de la Guardia Nacional en México

Una jueza con sede en el estado mexicano de Guanajuato suspendió este lunes por tiempo indefinido la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ordenó devolver el control del cuerpo de seguridad a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La resolución establece además que los titulares de la SSPC y Sedena deben suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales.

"Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución", señala la versión pública de la sentencia, citada por Expansión.

Las organizaciones civiles Uniendo Caminos México, México Haciendo Ciudadanía, Neurona Ciudadana y otros grupos de la sociedad civil presentaron 72 amparos colectivos entre septiembre y octubre en contra de la decisión del Congreso mexicano para dar control de la GN al Ejército.

La jueza Novena de Distrito en el Estado de #Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión definitiva a @UcMexico la suspensión definitiva que impide darle a #Ejército el control de la #GuardiaNacional, y ordena devolver el control a la @SSPCMexico. pic.twitter.com/zFv8NpgcIw

— Eunice Rendón (@EuniceRendon) October 24, 2022

En septiembre, el Senado mexicano avaló la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual propuso que el Ejército mexicano asuma el control operativo y administrativo de la GN.

Al respecto, el fallo judicial alega que la iniciativa presidencial potencia el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los derechos humanos, ya que la militarización de la Guardia Nacional genera un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales.

La sentencia también menciona que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) considera que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o la violencia interna, puesto que el entrenamiento que ellas reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección de civiles.

Las Fuerzas Armadas mexicanas han sido partícipes de algunas operaciones donde se han vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía. El episodio más importante es la matanza de estudiantes en Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Ciudad de México.

Sin embargo, la Marina y el Ejército mexicanos son las instituciones mejor calificadas en cuanto a su participación en tareas de seguridad pública. Según el estudio "Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia", elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ambas dependencias cuentan con el 47,7% y 42,2% de aprobación ciudadana, citó Infobae.