Pasar al contenido principal

Política

Manifestantes irrumpen en el Senado de México durante debate sobre controversial reforma judicial

Expertos jurídicos afirman que el procedimiento propuesto convertiría a México en un caso atípico internacional y destruiría su sistema constitucional de salvaguarda de peso y contrapeso

Workers of the judicial branch break into a session against the reform promoted by the ruling party at the Mexican Senate
Workers of the judicial branch break into a session against the reform promoted by the ruling party at the Mexican Senate | EFE

Septiembre 11, 2024 9:16am

Updated: Septiembre 11, 2024 2:02pm

Los manifestantes irrumpieron este martes en el Senado de México, suspendiendo temporalmente el debate sobre un controvertido proyecto de reforma judicial. La interrupción se produjo después de que los manifestantes derribaran las puertas de la Cámara Alta e irrumpieran en el salón de sesiones del Senado.

El debate, que se reanudó tras la interrupción, se centraba en una reforma constitucional que permitiría a los mexicanos elegir a todos los jueces por votación popular.

La reforma judicial fue aprobada en la Cámara Baja del Congreso la semana pasada, pero la coalición de extrema izquierda de López Obrador tuvo que lograr una supermayoría para aprobarla en el Senado. El proyecto se aprobó finalmente con 86 votos a favor, 41 en contra y ningún senador se abstuvo en la votación.

El incidente llevó inicialmente al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a evacuar la sala para evitar cualquier tipo de violencia con los manifestantes.

Un video del incidente muestra a manifestantes furiosos golpeando las puertas del Senado mientras otros ondean la bandera mexicana desde la tribuna del Senado. Al parecer, algunos senadores contrarios a la reforma judicial aplaudieron a los manifestantes en una ola de apoyo y solidaridad.

Hasta ahora, el equipo de comunicación del Senado sólo ha informado de un herido.

Los profundos cambios constitucionales son impulsados por el presidente mexicano en funciones, Andrés Manuel López Obrador, que ha librado una guerra contra el Tribunal Supremo de su país por bloquear algunos de los principales cambios legislativos de su partido.

En la actualidad, los jueces del Tribunal Supremo mexicano son propuestos por el presidente, pero deben ser confirmados por el Senado, como parte de un proceso similar al de Estados Unidos.

Los jueces federales son elegidos por una comisión judicial que administra cursos y exámenes profesionales para calificar los conocimientos y experiencia judicial de los candidatos.

El nuevo proyecto de reforma judicial, sin embargo, erosionaría ese proceso y entregaría el poder judicial a las masas populares.

López Obrador, ampliamente reconocido como un populista de extrema izquierda, ha argumentado que la reforma es necesaria para eliminar la corrupción judicial, pero sus detractores afirman que erosiona el sistema de contrapesos del país que limita el poder presidencial.

El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, calificó el cambio propuesto por México para elegir a los jueces de “riesgo importante para el funcionamiento de la democracia mexicana”, y CNN informó que “los expertos jurídicos dicen que el procedimiento propuesto convertiría a México en un caso atípico internacional”.

Los grupos empresariales, preocupados por la falta de coherencia y de contrapesos que puede provocar la reforma, han advertido que ésta es en parte culpable de la pérdida de valor del peso mexicano.

Una vez aplicada, la reforma añadirá las elecciones judiciales a las papeletas del próximo año, obligando a unos 7.000 jueces a luchar por sus puestos.

Los que pierdan tendrán que ceder su puesto a un nuevo jurista elegido.

Los cambios radicales se producen mientras el partido político de López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), sigue ganando poder. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, elegida en junio, también apoya la reforma judicial.