Perú: presidente investigado por corrupción busca aprobar ley que amenaza el periodismo

El gobierno de Pedro Castillo envió este miércoles al Congreso de Perú un proyecto de ley para su aprobación, que criminaliza la difusión de información reservada de las investigaciones fiscales, lo que ha sido interpretado como un ataque al periodismo.

Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, y el titular de Justicia y Derechos Humamos, Félix Chero, anunciaron hace días que el Poder Ejecutivo preparaba una legislación para tipificar como delitos el hecho de informar sobre investigaciones penales en curso.

La propuesta, conocida como “Ley Mordaza”, fue enviada al Legislativo en medio de investigaciones al presidente izquierdista Castillo y su entorno cercano, por presuntos actos de corrupción. El gobierno planea incorporar tres párrafos en el artículo 409 del Código Penal, en lo relacionado a delitos contra la función jurisdiccional, para sancionar con cárcel por uno o dos años a los imputados, abogados o cualquiera de las partes de una investigación, si entregan o difunden información reservada.

Si la información ha sido divulgada por un juez, fiscal, funcionario de administración o un miembro de la policía, la sentencia podría ser de entre dos y tres años. Incluso, la pena podría ser de hasta cuatro años de prisión si la información ha sido difundida a través de los medios de prensa.

Expertos consultados por el diario La República, consideran que la ley afecta directamente a la prensa y los periodistas podrían enfrentar procesos penales. Yván Montoya, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), declaró que un reportero podría ser procesado por el presunto delito de instigación, por el solo hecho de solicitar información reservada a sus fuentes.

Otro profesor de la PUCP, Iván Meini Méndez, señaló que el proyecto es presentado en un contexto en el que el Castillo y su entorno son investigados por presuntos actos de corrupción. “Esta propuesta puede generar censura y la ciudadanía no estaría informada sobre los casos más importantes de corrupción, incluyendo los que vinculan al presidente”.

Aunque los periodistas no son mencionados expresamente en la propuesta de ley, no se excluye la posibilidad de que puedan ser sancionados con la misma pena en calidad de instigadores o cómplices, figuras que están reguladas en el Código Penal, alerta también el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

“Si un periodista, por ejemplo, convence a una fuente para que le entregue información sobre una investigación penal y la difunde, es perfectamente posible que se pueda ser imputado a título de instigación o complicidad con el hecho”, señala Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS.

La institución considera que, teniendo en cuenta el contexto de su presentación, la propuesta está “orientada a silenciar la discusión sobre hechos que comprometen al presidente de la República, ministros, otros altos funcionarios y políticos en general”.

El proyecto de “Ley Mordaza” será enviado a la Comisión de Constitución, que preside Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular (oposición). Allí decidirán si la propuesta pasa al Pleno o es enviada al archivo.

Por su parte el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) llamó al Congreso de la República a archivar la iniciativa de Castillo y sus acólitos.

“Un gobierno investigado por presuntos casos de corrupción quiere evitar que la ciudadanía esté informada al respecto”, afirmó el CPP en un comunicado. Si el Congreso aprueba esta legislación u otra similar, “estaría blindando al presidente y a sus cercanos colaboradores hoy investigados por la Fiscalía”.