Política
Pedro Castillo es investigado como presunto “líder de organización criminal”
La Fiscalía de Perú pidió investigar a Pedro Castillo por obtener "beneficios ilícitos" de contratos con el Estado
Junio 17, 2022 6:23pm
Updated: Junio 17, 2022 6:23pm
La Fiscalía de Perú solicitó el miércoles a la Justicia del país andino que investigue al presidente Pedro Castillo como "líder de una organización criminal" enquistada en el Estado para obtener "beneficios ilícitos" de los contratos suscritos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Samuel Rojas, representante de la Fiscalía, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Perú las razones por las que el fiscal general, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra Castillo, en respuesta a la demanda de "tutela de derechos" presentada por el abogado del mandatario, Benji Espinoza, para que se anule este proceso.
"Es la primera vez que se acusa a un presidente en ejercicio de dirigir una organización criminal enquistada en el Estado" que juró defender al asumir el cargo, para "cometer delitos de corrupción", aseguró Rojas durante su presentación, reportó Efe.
El fiscal pidió al tribunal que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución Política que señalan, por un lado, que el Presidente de la República sólo puede ser investigado por traición a la patria o por impedir elecciones, mientras está en funciones, mientras la Carta Magna pide al Estado combatir los actos de corrupción.
Debilitación en el gobierno de Castillo
El Congreso peruano, presidido por la derecha opositora, adoptó el martes la primera medida para destituir a la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien acusa de una supuesta violación constitucional.
“Por mayoría, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación, que declara procedente las denuncias constitucionales 268 y 269 contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte”, anunció el Congreso en su cuenta de Twitter.
Boluarte es a la vez vicepresidenta y ministra, y el informe recomienda que sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.
Antes de que este informe pase al pleno del Congreso, debe ser votado esta semana por la Comisión Permanente del Legislativo, donde su aprobación se da por descontada, pues la oposición tiene mayoría. Se estima que el proceso puede tardar un mes.