Base de datos filtrada revela abusos a gran escala en prisiones salvadoreñas

Una base de datos filtrada y obtenida el viernes por Human Rights Watch (HRW) reveló que dentro de las cárceles salvadoreñas se cometen violaciones a gran escala, incluyendo hacinamiento en las prisiones, encarcelamiento de niños e incluso muertes. 

La base de datos, que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, incluye la información personal de las personas procesadas entre marzo y agosto de 2022, después de que el presidente Nayib Bukele declarara el estado de excepción para reprimir la violencia de las pandillas. 

La información parece indicar que miles de personas, incluidos niños, han sido detenidas por las autoridades salvadoreñas y acusadas de delitos ampliamente definidos que las vinculan con la violencia de las bandas. 

Según la base de datos, más de 39.000 personas han sido acusadas del delito de "asociación ilícita", mientras que otras 8.000 han sido acusadas de pertenecer a una "organización terrorista". Más de 50.000 de los detenidos fueron enviados a prisión preventiva.

Más de 1.082 menores (918 niños y 164 niñas) han sido detenidos durante el estado de excepción, algunos de tan solo 12 o 13 años. La mayoría de ellos también fueron enviados a prisión preventiva. 

"Esta base de datos filtrada apunta a graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia", señaló Tamara Taraciuk Broner, directora interina para las Américas de Human Rights Watch. "Según los datos, las autoridades salvadoreñas han hacinado inhumanamente a los detenidos, incluidos cientos de niños, en centros de detención abarrotados, mientras que han hecho muy poco para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia por la violencia de las pandillas”.

El presidente Bukele declaró el estado de excepción en marzo y suspendió temporalmente las protecciones constitucionales después de que el país experimentara un dramático aumento de los homicidios. Desde entonces, el mandatario ha prorrogado varias veces el estado de excepción, ha limitado la libertad de asociación y ha reformado el código penal del país para aumentar las penas de cárcel para los miembros de las bandas y juzgar como adultos a los menores implicados en ellas. 

Las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 61.000 personas en su campaña de detenciones masivas, más del 2% de la población adulta del país centroamericano.