Caso Chiquita Brands: empresa que debe pagar $38 millones por financiar paramilitares en Colombia

Un jurado federal en Florida falló el lunes a favor de los demandantes en un histórico caso contra la multinacional del banano Chiquita Brands International, tras una década de litigios.

El juicio civil, que tuvo lugar en una corte de West Palm Beach, concluyó que Chiquita no pudo demostrar que los pagos al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se hicieron bajo una amenaza inmediata e inminente para proteger a sus empleados. 

Tampoco logró Chiquita demostrar que "no tenía otra alternativa razonable" que la de "proporcionar asistencia a las AUC", según consta en el veredicto, al que tuvo acceso EFE.

El histórico fallo señala, además, que la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.

Por todo ello, la multinacional fue condenada a pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).

Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa, "bajo presión".

A pesar de haberse declarado culpable de financiar a paramilitares en Colombia y acordar una multa de 25 millones de dólares, Chiquita no había indemnizado a las familias de las víctimas hasta este veredicto.

Pagaba 3 centavos de dólar por caja de banano exportada

Desmovilización de paramilitares colombianos | EFE

El pacto entre Chiquita Brands y las AUC era simple, pero devastador: tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada. La primera reunión entre ejecutivos de Chiquita y Carlos Castaño, jefe del grupo paramilitar, se produjo a finales de 1996 o principios de 1997 en Medellín. 

En ese encuentro se acordó que la compañía les pagaría a las AUC a cambio de que estas protegieran sus operaciones y reprimieran cualquier tipo de protesta laboral por parte de los trabajadores bananeros. 

Los pagos de Chiquita a las AUC se realizaban a través de un “elaborado sistema de organizaciones intermediarias” y se registraban en los libros contables de la empresa como “pagos de seguridad” o “servicios de seguridad”.

A pesar de que las AUC fueron clasificadas como una organización terrorista por el gobierno de Colombia, la Unión Europea y Estados Unidos, Chiquita continuó pagándoles durante siete años. 

Un sistema de organizaciones intermediarias ocultaba estos pagos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos calificó este accionar de “moralmente repugnante”, destacando cómo la empresa financiaba a los terroristas que mataban a colombianos inocentes. 

Las consecuencias de la financiación de Chiquita al paramilitarismo fueron devastadoras. Las AUC utilizaron el dinero de la empresa para financiar sus actividades criminales, que incluyeron asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, torturas y desplazamiento forzado.

Financió a paramilitares y a la guerrilla en Colombia

Guerrilla ELN | EFE

Durante la década de 2000, la compañía admitió haber pagado a grupos armados en el Urabá (cerca a la frontera con Panamá) y en la región del Magdalena (norte del país), donde se encontraban sus principales centros industriales de producción de bananos.

La diferencia respecto a la aceptación de responsabilidad de 2007 ante la justicia de Estados Unidos y la decisión de la Corte de la Florida esta semana es que las víctimas en Colombia, que perdieron a sus familiares en masacres perpetradas por las AUC durante los años más duros del conflicto, finalmente serán reparadas. 

Según documentos de la compañía que fueron desclasificados y publicados, Chiquita Brands tenía una relación de pagos a guerrillas de izquierda como el ELN, las Farc y el EPL hasta su desmovilización en 1991, y luego, a un grupo de pequeñas disidencias de esa última guerrilla, que se formó en la región. 

Durante años, hacia finales de los 80, la compañía entregó dinero por acuerdos a estos grupos, incluso, como estrategia para mantener estables a los sindicatos internos y, supuestamente, por seguridad.

Una investigación del portal Verdad Abierta demuestra que entre 1989 y 1997 hubo, al menos, 54 masacres en Apartadó, Carepa y Turbo (todos municipios de Antioquia), donde estos grupos tenían presencia junto con la multinacional. 

Esas masacres fueron cometidas principalmente por las FARC, el EPL y el ELN antes de que los paramilitares llegaran a controlar militarmente el departamento. 

Luego, los paramilitares llegaron en 1995, y la empresa cambió su financiación hacia las AUC, quienes exacerbaron la violencia en una campaña de “exterminar al comunismo”.

Hay declaraciones ante la justicia en las que los entonces directivos de la compañía admitieron reuniones con Carlos Castaño después de 1997. En esas reuniones, se comprometieron a cesar los pagos a las FARC y el ELN y a financiar a los paramilitares, quienes, a cambio, prometieron seguridad y compromiso con el desarrollo de la región y el sector privado. 

La realidad fue muy diferente y los paramilitares de Castaño cometieron innumerables masacres en las que murieron miles de civiles, así como militantes guerrilleros que fueron torturados y desaparecidos. Los informes del Departamento de Justicia calificaron ese período como de “la guerra civil en Colombia”.

En un comunicado de las autoridades estadounidenses en 2002 se relatan detalles de la operación de financiación ilegal a las AUC desde 1997. “Chiquita Brands hizo pagos durante años a la organización terrorista de extrema derecha AUC”. 

“Como cualquier organización, una organización terrorista necesita fondos y financiadores para sus operaciones. Durante muchos años, el grupo terrorista de las AUC encontró uno de estos financiadores en los pagos que exigieron a Chiquita Brands International (...) Financiar a una organización terrorista nunca puede considerarse simplemente como hacer negocios. Las empresas estadounidenses deben tomar nota de que los pagos a terroristas son una categoría completamente diferente. Son delitos”, señaló el comunicado.

Los pagos de la bananera se realizaron desde 1997 hasta 2004 y se concentraron en Urabá y Santa Marta. Estos recursos fueron entregados a través de la subsidiaria de la compañía llamada Banadex en Colombia. 

La magnitud de la operación de financiación al grupo ilegal fue tal que las autoridades estadounidenses concluyeron que se hicieron pagos todos los meses durante esos años, alrededor de 100 en total, hasta sumar 1.7 millones de dólares.