Narcotráfico
AGC: La organización criminal más poderosa de Colombia
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son un grupo armado ilegal que surgió de la desmovilización fallida de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a principios del siglo XXI. Su historia está marcada por la violencia, el narcotráfico y la ambición por el poder
Mayo 27, 2024 4:36pm
Updated: Mayo 28, 2024 9:59am
La Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC,) o también conocidas como el Clan del Golfo, se han convertido en la organización criminal más grande de Colombia. Formada principalmente por excombatientes de guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha e, incluso, exmilitares, el grupo está presente en un tercio de los municipios del país y participa en actividades delictivas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Con un estimado de un 20% de crecimiento semestral, el Clan del Golfo busca expandirse por las costas del Atlántico y el Pacífico, así como por las zonas agrícolas más productivas. También son el principal grupo vinculado al narcotráfico en Colombia, pues exporta alrededor de 20 toneladas de cocaína mensuales.
A pesar de los intentos fallidos de administraciones anteriores por debilitarlos, esta organización criminal se ha fortalecido tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Aprovechando el vacío dejado por la guerrilla, los miembros dela AGC ocuparon territorios y aumentaron su poder.
Su retórica ha adquirido un tono político. Un exlíder afirmó que "somos los únicos que podemos controlar estas áreas, ya que el estado es incapaz". Esto representa un revés para la política de "paz total" del presidente Petro, que busca negociar con todos los grupos armados, incluyendo a criminales.
¿Cómo se volvió la organización más grande de Colombia?
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son un grupo armado ilegal que surgió de la desmovilización fallida de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) a principios del siglo XXI. Su historia está marcada por la violencia, el narcotráfico y la ambición por el poder.
El Clan del Golfo tiene sus raíces en la figura de Vicente Castaño, un reconocido jefe paramilitar que en 2006 se rehusó a ser parte del proceso de desmovilización de las AUC. Junto a dos de sus lugartenientes, Ever Veloza García, alias "HH", y Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario", Castaño rearmó una unidad paramilitar con el objetivo de mantener el control sobre el lucrativo negocio del narcotráfico en la región de Urabá, al noroccidente de Colombia.
Tras el asesinato de Vicente Castaño en 2007, alias "Don Mario" tomó las riendas de la organización: reclutó a exparamilitares de la zona y consolidó su poder en esa región del país, monopolizando la ruta de tráfico de drogas. Su rápida expansión lo convirtió en uno de los narcotraficantes más ricos y buscados de Colombia.
En 2008 "Don Mario" oficializó la creación de las AGC, un grupo que no solo se dedicaba al narcotráfico, sino que también se financiaban de la extorsión, minería ilegal y otros negocios ilícitos. Bajo su liderazgo, las AGC se expandieron por el norte de Colombia, controlando zonas de producción de drogas, corredores de tráfico y puntos de salida en las costas del Atlántico y el Pacífico e, incluso, en la frontera con Venezuela.
Para facilitar su expansión, las AGC desarrollaron un modelo de crimen organizado único. Algunas de sus células operaban bajo el mando directo del Estado Mayor, mientras que otras actuaban como franquicias semiautónomas, absorbiendo grupos criminales locales y aprovechando su conocimiento del terreno.
En abril de 2009, "Don Mario" fue capturado por las autoridades colombianas. Tras su caída, las AGC quedaron bajo el control de Juan de Dios Úsuga, alias "Giovanni", y Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", dos hermanos con un pasado guerrillero en el Ejército Popular de Liberación (EPL) y experiencia en las AUC.
Los hermanos Úsuga demostraron ser líderes despiadados y ambiciosos. Bajo su mando las AGC continuaron su expansión, consolidaron su poder en todo el país y se convirtieron en una de las organizaciones criminales más temidas de Colombia.
En enero de 2012, seis años después de su creación, Giovanni, considerado el cerebro de la organización, fue dado de baja en una operación policial. A pesar de este golpe las AGC no se debilitaron. Otoniel asumió el control total, sin embargo, el líder narco fue capturado en la frontera colombiana con Panamá a finales de 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, en una operación aplaudida por el entonces presidente colombiano. Meses después, en mayo de 2022, fue extraditado a Estados Unidos. Ahora, con una cadena de mando clara, el poder de la organización criminal quedó bajo Jobanis Ávila Villadiego, alias "Javier" o "Chiquito Malo".
A lo largo de su historia, el grupo criminal ha estado ligado al narcotráfico, la extorsión y la violencia contrainsurgente, forjando alianzas con terratenientes y funcionarios públicos. Su crecimiento y expansión se deben, en parte, a la explotación de las debilidades del Estado colombiano y a las alianzas con sectores económicos y políticos.
¿Cómo surgió el paramilitarismo en Colombia?
Para mediados de los años noventa los gobiernos colombianos favorecieron la creación de grupos paramilitares de autodefensa como estrategia para enfrentar a la guerrilla. Esto fomentó la colaboración entre paramilitares, funcionarios políticos y fuerzas de seguridad. Sin embargo, crímenes cometidos por estos grupos y un fallo de la Corte Constitucional en 1997 que limitaba el armamento estatal entregado a ellos, hicieron que los paramilitares perdieran el respaldo de las autoridades en Bogotá. El presidente conservador Andrés Pastrana (1998-2002) los declaró ilegales e inició su persecución.
Fue bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) que se negoció la desmovilización de las principales unidades paramilitares, en coincidencia con una gran ofensiva contra la guerrilla apoyada por Estados Unidos. Para ese entonces los paramilitares habían logrado infiltrarse en la política, controlando un alto porcentaje del Congreso y cargos regionales. Confiados en este poder, entraron en negociaciones sin un marco legal establecido, esperando un trato judicial favorable. Bajo el proceso de Santa Fe de Ralito, los bloques paramilitares comenzaron a entregar sus armas.
Paralelamente, se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que ofrecía reducción de penas a cambio de testimonios verídicos sobre atrocidades cometidas. Más de 30.000 paramilitares se acogieron a este beneficio, pero el proceso tuvo problemas. La Corte Constitucional anuló partes claves de la ley y exigió el desmantelamiento total de las redes paramilitares. El Congreso la reformó y la desmovilización continuó.
La mayoría de los líderes paramilitares permanecieron libres hasta 2006, cuando fueron capturados por presunta reincidencia delictiva. Sorpresivamente, el gobierno extraditó a los más importantes a Estados Unidos.
Los mandos medios y la base paramilitar, incluyendo futuros líderes del grupo del Clan del Golfo, quedaron a su suerte con un programa limitado de reintegración económica y social. Muchos intentaron rehacer su vida civil a través de emprendimientos legales.
La frustración por las dificultades para reinsertarse pacíficamente a la sociedad, sumada al temor de ser extraditados a Estados Unidos, llevó a que en 2007 Vicente Castaño volviera nuevamente a las armas con sus antiguos compañeros. Su objetivo era restablecer el control en zonas históricamente paramilitares del norte de Colombia. Poco después, Castaño desapareció y se presume muerto.
Procesos de paz fallidos con el Clan del Golfo
El primero ocurrió entre 2017 y 2018 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Este proceso se derrumbó porque la organización criminal rechazó las condiciones judiciales ofrecidas y el gobierno no logró convencer al Congreso y a la Fiscalía de permitir términos más favorables.
El gobierno de Santos también buscó garantías de que el grupo pudiera cumplir sus promesas: desmovilizar a los miembros rasos y entregar información sobre colaboradores en el gobierno, el ejército y otros sectores.
Los Gaitanistas, mencionando las altas tasas de asesinatos de excombatientes de grupos predecesores (EPL y paramilitares), señalaron que su principal preocupación era la seguridad tras la desmovilización. Igualmente, argumentaron que muchos volvieron a las armas por dificultades económicas en la vida civil.
En respuesta, el gobierno de Santos propuso una desmovilización regional, que comenzó en sus bastiones y se extendió gradualmente. A pesar del progreso, el gobierno perdió apoyo en el Congreso y la ley final sometida a la justicia en 2018 aumentó las penas y ofreció menos concesiones de las previstas. Esta oferta no cumplió con las expectativas y el proceso colapsó.
Tras estas negociaciones fallidas, el gobierno de Iván Duque continuó la ofensiva militar y policial de su predecesor, y logró la captura de Otoniel en 2021 y su extradición a Estados Unidos poco después. Desde entonces, la mayoría del círculo de confianza del excomandante también ha sido abatido o capturado. Sin embargo, el grupo se ha vuelto más cohesionado y jerarquizado.
Ahora, con la liberación condicional de Salvatore Mancuso, uno de los máximos líderes que tuvo el Clan del Golfo, sectores políticos y sociales ven una oportunidad para avanzar en la construcción de la paz.
Mancuso fue condenado por múltiples delitos relacionados con el paramilitarismo, incluyendo masacres, desplazamientos forzados y narcotráfico. Se desmovilizó en 2006, pero continuó en actividades criminales. Luego fue capturado y extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico, donde cumplió su condena hasta que fue puesto en libertad condicional en 2023. El gobierno colombiano le ha otorgado la posibilidad de ser gestor de paz, lo que significa que podría participar en diálogos con otros grupos armados ilegales para buscar su desmovilización, especialmente del Clan del Golfo, al cual perteneció.
Esta decisión ha sido criticada por organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes argumentan que Mancuso no ha mostrado un verdadero arrepentimiento por sus crímenes y que su participación en procesos de paz podría legitimar su pasado criminal.
El Clan del Golfo ha expresado su interés en participar en procesos de paz del actual presidente de izquierda Gustavo Petro y ha solicitado reconocer su cúpula principal como gestor de paz, al igual que Mancuso.
Desde ADN América realizamos gestiones con la Oficina del Alto Comisionado de Paz de Colombia para obtener información sobre el estado actual de los diálogos de paz con el grupo armado. Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna.
Los más buscados de las AGC
Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’
Es el actual líder del Clan del Golfo (AGC).Inició su carrera criminal en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente en el Bloque Bananero, antes de unirse a las AGC tras su desmovilización en 2004.
Ascendió rápidamente en las filas del crimen organizado gracias a su experiencia en Urabá, hasta convertirse en comandante de la estructura Central Urabá, que controla el narcotráfico en la zona. En 2015 fue acusado formalmente por Estados Unidos por narcotráfico y escapó de una redada; su paradero actual es desconocido. Estados Unidos lo ha solicitado en extradición. Tras la captura de "Otoniel" en octubre de 2021, asumió el mando general de la organización.
Ávila Villadiego tiene una presencia significativa en Urabá (Antioquia y Chocó), así como en más de la mitad de los departamentos de Colombia. Sus aliados principales incluyen al Cartel de Sinaloa y mafias europeas como la 'Ndrangheta y los Balcanes, mientras que su principal enemigo es el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
José Gonzalo Sánchez Sánchez - alias 'Gonzalito'
Tras la extradición de alias 'Otoniel' a Estados Unidos, 'Gonzalito' emergió como uno de los líderes principales al mando del bloque del 'Clan del Golfo' en las regiones de Antioquia, Córdoba y Sucre, especialmente en el Bajo Cauca antioqueño. Se le considera uno de los hombres de confianza de 'Otoniel' y ahora lidera una estructura subversiva que cuenta con más de 1,200 hombres armados, organizados en diversas subestructuras.
Además de sus actividades criminales relacionadas con el narcotráfico, 'Gonzalito' enfrenta, al menos, 10 investigaciones por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y uso de menores en la comisión de crímenes, según registros de la Fiscalía. Su prontuario delictivo también incluye participación en minería ilegal, extorsión y cobro de impuestos a transportistas.
