Presidente de Ecuador acusa a Rafael Correa de financiar protestas con dinero del narcotráfico

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, responsabilizó al exmandatario Rafael Correa, prófugo de la justicia en Bélgica, de intentar desestabilizar su gobierno y de haber financiado las recientes protestas en el país, con dinero procedente del narcotráfico.

Tras 13 meses en el poder, el político de derechas reconoció que había causas justas que provocaron las manifestaciones, aunque lamentó que también se trataba de un intento para "fabricar una protesta violenta con fines políticos para derrocar a un gobierno legalmente constituido". Ocho personas murieron y cientos resultaron heridas durante las protestas. 

"Esto es una alianza con el correísmo y en esa alianza habría participado un tercer actor, que es el que pone el dinero para las protestas, de 18 días, que habrían costado USD 15 millones, y ese tercer actor es el narcotráfico", dijo Lasso en una entrevista publicada este viernes por Infobae.

El presidente ecuatoriano afirmó que Correa, sentenciado por corrupción y quien recibió asilo político con estatus de refugiado en Bélgica, buscó "alterar el orden público", aliándose con "ciertos líderes políticos que utilizan a los indígenas como una especie de parapeto para decir 'esto es una protesta social'".

"UNES (Unión por la Esperanza), el partido o los asambleístas de (Rafael) Correa en la Asamblea Nacional plantearon la aplicación del artículo 130 de la Constitución que no es sino un juicio político contra el Presidente de la República buscando su destitución”, explicó Lasso.

"La acción en las calles coordinada entre el señor (Leonidas) Iza y el señor Correa buscaba la desestabilización del país" y, según el Jefe de Estado ecuatoriano, su destitución, pero no fue posible porque de los 92 votos que necesitaban de la Asamblea Nacional, alcanzaron 80.

El ministro de Gobierno del país latinoamericano, Francisco Jiménez, también señaló que hay elementos que confirman esta información. Según explicó, el cálculo "surge de la cuantificación de los días, los niveles de desplazamiento, el número de participantes y los eventos registrados", reportó Ecuavisa.

El Gobierno de Ecuador y los movimientos indígenas llegaron a un acuerdo el pasado 30 junio cuando se firmó el "Acta por la paz" que puso fin a las protestas antigubernamentales.

Dentro de las peticiones, se concretaron dos puntos centrales del acuerdo: la reducción del precio de los combustibles subsidiados y la derogatoria del decreto que promovía la actividad petrolera.

Lasso redujo en 15 centavos de dólar el precio de las gasolinas de 85 octanos y del diésel, de manera que ahora pasarán a costar 2,40 y 1,75 dólares, respectivamente, por galón (3,78 litros).

El mandatario cumplió además, con derogar el decreto 95 que promovía la actividad petrolera, una de las principales exigencias del movimiento indígena.

En una entrevista con Efe el pasado lunes, el presidente de Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, señaló que las protestas no fueron solo por el tema de los combustibles, pues "uno de los factores determinantes en cualquier movilización es la pobreza y la desigualdad".

Iza, principal promotor de las protestas, fue acusado el 4 de julio de paralizar los servicios públicos como autor mediato (con control del acto) al instigar supuestamente el bloqueo de carreteras, proceso que inició tras su detención el 14 de junio.

El líder indígena fue arrestado un día después del inicio de las protestas.

El abogado de Iza, sin embargo, solicitó una nueva audiencia después de que el juez declarara fallida la del pasado lunes. La fecha de la nueva sesión estará en manos del Tribunal Constitucional. Su defensor propuso consultar al Tribunal Supremo una solicitud de prórroga de 15 días más.