INFORME ESPECIAL: ¿Los Pandora Papers revelan crímenes verdaderos?

El mes pasado, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó los Papeles de Pandora (Pandora Papers), los cuales revelan los intereses y actividades de 35 líderes mundiales actuales y anteriores, 336 políticos y funcionarios públicos de 91 países y territorios en paraísos fiscales.

Esa filtración, que incluye más de 12 millones de documentos, muestra cómo muchas de las personas más poderosas del mundo ocultan sus activos en cuentas en paraísos fiscales, empresas ficticias e inversiones inmobiliarias.

Según el ICIJ, los Pandora Papers "ponen de manifiesto hasta qué punto las finanzas secretas se han infiltrado en la política mundial", al tiempo que ofrecen "una visión de por qué los gobiernos y las organizaciones mundiales han avanzado poco para acabar con los abusos financieros en paraísos fiscales."

En América Latina, las revelaciones han tenido un gran alcance, ya que varios personajes de los niveles más altos de poder han sido puestos bajo el escrutinio público. De los 330 políticos y funcionarios públicos mencionados en los documentos, 90 son latinoamericanos. Esta cifra incluye a tres presidentes actuales, 11 ex presidentes, un ministro de finanzas y un gobernador del banco central.

Los documentos plantean muchas cuestiones, entre ellas, la legalidad del uso de paraísos fiscales.

Algunas de las personas nombradas, como el presidente Sebastián Piñera de Chile, Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de la República Dominicana, son partidarios del libre mercado y defensores declarados de una sociedad libre. Sin embargo, aunque algunos líderes conservadores han sido recientemente objeto de escrutinio por utilizar las estructuras financieras existentes para salvaguardar su patrimonio, muchas de ellas a veces pueden entrar en el marco de la ley.

La izquierda, aunque no está muy implicada en la reciente filtración, no está libre de manchas.

En este informe especial, ADN América profundiza sobre algunas de las acusaciones derivadas de la reciente filtración de los Pandora Papers, así como en la situación de otras acusaciones y procesos recientes por delitos financieros que han implicado o arrojado sospechas sobre jefes de Estado de Centro y Sudamérica, principalmente a partir de la filtración de los Papeles de Panamá en 2016 y otros rastros de evidencia.

Transacciones offshore bajo la lupa de los Pandora Papers

Chile

El presidente chileno Sebastián Piñera se enfrentó a un juicio político después de que la cámara baja de la legislatura votara para remitir su caso al Senado por acusaciones de irregularidades en la venta de 152 millones de dólares de las acciones de su familia en el reciente proyecto Dominga de la compañía Andes Iron, una mina de cobre y hierro de 2,5 dólares ubicada. 65 km al norte de La Serena. Un contrato ubicado por el proyecto Pandora sugiere que los primeros $ 138 millones de la venta se realizaron en 2011 a través de empresas fantasmas registradas en las Islas Vírgenes Británicas, informó The Guardian.

La semana pasada, el Senado chileno votó en contra de la destitución de Piñera, poniendo fin finalmente a un proceso de destitución. Sin embargo, su juicio en el tribunal de la opinión pública continúa.

Algunos informes dicen que los documentos descubiertos sugieren que el pago final de la venta habría requerido que Piñera se abstuviera de designar la región centro-norte de Chile, donde se ubica la mina, como una zona medioambientalmente protegida.

Este hecho alarmó a algunos ambientalistas, ya que la mina se encuentra a solo 30 kilómetros de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que según se informa está habitada por más de 500 especies diferentes.

Los documentos recién descubiertos despiertan sospechas, pero la pregunta primordial que deberán responder los fiscales chilenos es si revelan evidencia de un auténtico crimen.

Según informó Reuters, Marta Herrera, jefa de la División Especial Anticorrupción del Ministerio Público, dijo que su agencia investigaría posibles cargos de corrupción relacionados con el soborno y posibles violaciones fiscales.

“El contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas no se incorporó a la investigación en aquel momento, por lo que podríamos decir que es información nueva”, dijo Herrera.

Sin embargo, una investigación judicial chilena anterior examinó y desestimó cualquier irregularidad en 2017, un hecho que Piñera ha planteado a la prensa desde que se publicaron los documentos.

“Tengo plena confianza en que los tribunales, como ya lo han hecho, confirmarán que no hubo irregularidades y también mi total inocencia”, dijo Piñera. “Como presidente de Chile nunca, nunca he realizado ninguna acción ni gestión relacionada con Dominga Mining”.

De ser cierto, una afirmación hecha por la oficina de Piñera el mes pasado podría ser clave en su defensa: que el primer mandato del presidente como presidente de 2010 a 2014 no había comenzado cuando se acordó el trato, y que Piñera depositó sus participaciones en un fideicomiso ciego en 2009 antes de que ocurriera la transacción.

Para probar la intención delictiva, lo más probable es que los fiscales tengan que probar que la transacción fue ilegal y que Piñera estaba al tanto de la transacción o ayudó o ayudó a facilitarla.

La decisión sobre la destitución de presidente se trasladará al Senado chileno, que requiere un voto mínimo de dos tercios para destituir al presidente de su cargo. Los comentaristas han señalado que este resultado es muy poco probable.

Ecuador

 Según documentos filtrados y una investigación posterior del periódico El Universo, Guillermo Lasso, el primer presidente amigable con el libre mercado que Ecuador ha visto en casi 15 años, controlaba 14 compañías extraterritoriales, con sede primordialmente en Panamá. A primera vista, la revelación suena incriminatoria, pero los detalles requieren una mirada más detallada.

Documentos recientemente publicados revelan que Lasso cerró estas empresas después de que el anterior gobierno del socialista Rafael Correa aprobara una ley que prohíbe a los candidatos ser propietarios de empresas ubicadas en paraísos fiscales.

Pero Lasso mantiene su inocencia al afirmar que operaba en jurisdicciones salvaguardadas porque la legislación nacional impide que los banqueros inviertan en Ecuador y que 10 de las empresas en cuestión han estado inactivas.

Lasso también niega cualquier relación con las otras cuatro compañías extraterritoriales e insiste en que no obtuvo ganancias, según informó El País.

“Ni al presentar mi candidatura, ni desde entonces hasta ahora, he violado la referida prohibición”, dijo.

El viernes, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Auditoría de la Asamblea Nacional, publicó un informe donde se afirma que Lasso "no es un beneficiario directo o indirecto" ni un "director o funcionario de ninguna empresa ubicada en un paraíso fiscal".

El informe explica además cómo Lasso no ha tenido ninguna conexión con ningún negocio en el extranjero desde que se convirtió en candidato a la presidencia de Ecuador el 23 de septiembre de 2020.

Luis Espinosa Goded, profesor ecuatoriano de economía en la Universidad de San Francisco en Quito, dijo a ADN América que el juicio contra Lasso es político y que "ha sido una auténtica farsa".

Después de todo, los ecuatorianos han estado al tanto de las transacciones financieras de Lasso durante años.

Aún más es más importante es el hecho de que Lasso reveló públicamente y luego se separó de sus negocios extraterritoriales en 2017 después de que la administración de Correa aprobó una ley para tratar de limitar su carrera presidencial podría negar cualquier potencial responsabilidad penal que el presidente asediado pueda tener.

En este sentido, Espinosa postula que la oposición correista puede tener un motivo oculto para dedicar tanto tiempo y energía a crear sospechas en torno al presidente impulsor del libre mercado de Ecuador, a pesar de que no hay evidencia en su contra.

“Puede ser que estén nerviosos porque [Alex Nain] Saab [Moran] está en Estados Unidos y Saab podría revelar todo lo que sabe sobre los correístas”, explicó.

Saab, un empresario colombiano considerado por muchos como el testaferro de Nicolás Maduro, se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, luego de ser extraditado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desde la República de Cabo Verde. El efecto de esto podría ser desastroso para la imagen pública internacional correísta.

Cualquiera que sea el caso, existe la esperanza de que la verdad salga a la luz.

De 137 legisladores, 105 votaron a favor de una investigación para "aclarar" si Lasso había violado la ley ecuatoriana o cometido un delito "ético".

República Dominicana

Otro presidente latinoamericano implicado por los Papeles de Pandora es el presidente dominicano Luis Abinader, quien tuvo una exitosa carrera empresarial en el sector hotelero antes de ingresar a la política.

Los documentos obtenidos durante la filtración sugieren que el líder dominicano está vinculado a dos empresas panameñas llamadas Littlecot Inc. y Padreso SA.

Aún así, un informe reciente de El País indica que ambas empresas se formaron antes de que Abinader asumiera el cargo y fueran utilizadas para administrar activos en República Dominicana.

El medio de comunicación dominicano Noticias Sin informó que las acciones de ambas empresas figuraban como "pagaderas al portador", lo que permite ocultar a los verdaderos "beneficiarios reales", una frase que se utiliza en la ley de valores de EE UU para describir a alguien que disfruta del voto compartido o exclusivo derechos en la compraventa de acciones. También puede incluir a cualquier persona que controle o influya en un cliente o persona en cuyo nombre se realiza una transacción financiera.

La familia Abinader se registró públicamente como beneficiarios reales después de la aprobación de la reforma legislativa en 2018 que les exigía hacerlo. Al convertirse en presidente en 2020, Abinader declaró públicamente ser propietario de nueve empresas extraterritoriales, que controlaba a través de un fideicomiso.

Abinader defendió sus vínculos con los activos en el extranjero, argumentando que hasta hace poco República Dominicana no había emitido leyes corporativas que impidieran a las empresas realizar operaciones en el exterior.

Otros exlíderes conservadores implicados por la filtración incluyen a los expresidentes colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, junto con el expresidente argentino Mauricio Macri.

Los beneficios legales de los paraísos fiscales

Dado que muchos políticos de izquierda en América Latina se enfrentan actualmente al exilio o la prisión por diversos delitos, algunos líderes conservadores han sido objeto de escrutinio recientemente por utilizar las estructuras financieras existentes para salvaguardar sus activos, potencialmente al alcance de la ley.

En países tan impredecibles política y económicamente como los de América Latina, algunos han defendido tal acción sobre la base de la seguridad financiera. Si bien la corrupción y el lavado de dinero no tienen defensa legal o moral, la competencia fiscal y la utilización de paraísos fiscales pueden tener alguna utilidad económica ética.

“La gente suele hacer esto en la región de América Central y del Sur porque a veces mantener grandes saldos en cuentas bancarias los hace sujetos a secuestros para obtener rescate y extorsión”, dijo el abogado fiscal de Miami Marcell Felipe a ADN America.

"Una vez que una organización delictiva o un posible secuestrador sabe exactamente cuánto dinero tiene una persona en sus cuentas, tienen una idea de cuánto exigir cuando le piden a la familia de la víctima un rescate o una prueba de vida", agregó.

Un estudio de la Universidad de Duke de diciembre de 2019 realizado por el profesor Juan Carlos Suárez Serrato encontró que una orden del IRS que aumenta las tasas de impuestos corporativos y disminuye el acceso a los paraísos fiscales para las empresas multinacionales con sede en EE UU tiene el perverso efecto reducir la inversión y empleo nacionales.

Philip Booth, profesor del Instituto de Asuntos Económicos de Londres, escribió: “Los centros extraterritoriales permiten que las empresas y los fondos de inversión operen internacionalmente sin tener que cumplir con varias reglas diferentes y, a menudo, pagar más impuestos de los que deberían. "

En última instancia, esto les permite invertir más en los mercados locales y el capital humano en lugar de ayudar a financiar la corrupción estatal, argumentan los defensores.

“Los paraísos fiscales permiten a los honestos proteger su dinero de políticos corruptos y opresores”, agregó Booth.

Este punto puede explicar por qué, bajo el liderazgo de Rafael Correa, Ecuador se convirtió en “el primer país del mundo en prohibir a políticos y servidores públicos tener activos en paraísos fiscales”, según un comunicado de prensa de 2017 de la Cancillería ecuatoriana.

Los paraísos fiscales también fomentan una política fiscal nacional sólida, afirma el decano del Instituto Cato, Daniel J. Mitchell.

“En pocas palabras, cuando los políticos tienen que evitar que los empleos y las inversiones puedan cruzar fronteras, es menos probable que impongan tasas impositivas más altas y niveles punitivos de doble imposición”.

Esto, según Mitchell, es beneficioso ya que las tasas impositivas más bajas son más propicias para la creación de empleo y el espíritu empresarial, y la reducción del sesgo fiscal contra la formación de capital puede ayudar a mejorar el crecimiento al aumentar el ahorro y la inversión. En última instancia, esto ayuda a los pobres.

Aún así, el profesor Espinosa plantea preguntas pertinentes sobre el lenguaje que se usa para hablar de los "paraísos fiscales".

“En el mundo hispano, nos referimos a los tax havens como paraísos fiscales. Entonces, en última instancia, mi pregunta es, ¿necesitaríamos paraísos fiscales si no existieran los infiernos fiscales? "

Si bien ambas partes admiten que la corrupción y el robo de fondos públicos están mal, el debate en torno a la legalidad y los beneficios económicos de los paraísos y la competencia fiscales sigue, mientras los periodistas continúan adentrándose los Papeles Pandora y la controversia que siguen provocando.

¿Pero dónde está la izquierda?

Si bien la filtración de documentos ha forzado una conversación pública sobre la legalidad y la ética de la utilización de paraísos fiscales, algunas de las transacciones descritas por los medios de comunicación pudieran no ser ilegales necesariamente.

Los políticos de izquierda de América Latina hasta ahora han logrado mantenerse al margen de los titulares aparecidos a raíz de la publicación de los Papeles de Pandora, pero muchos de ellos han sido señalados en manejos ilegales durante la última década que los llevaron al procesamiento e incluso a la extradición desde los Estados Unidos.

A continuación, ADN América reexamina varios países de América Central y del Sur, casos recientes y escándalos que dieron lugar a la persecución penal de jefes de Estado y, en algunos casos, a acusaciones y a la extradición, con resultado tanto de absoluciones como de condenas.

Brasil

Luego de un escándalo previo de compra de votos que resultó en que el fiscal general brasileño acusara a 40 políticos, el Ministerio Público imputó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2015 de usar su poder para ayudar a adjudicar contratos gubernamentales a la corporación Odebrecht, un gigante de la construcción en toda América Latina.

Los fiscales alegaron que Lula presionó al Banco de Desarrollo de Brasil para que financiara proyectos en Angola, Cuba, Ghana y República Dominicana.

En el verano del mismo año, el presidente de la empresa, Marcel Odebrecht y otros ejecutivos de esta, fueron arrestados por supuestamente pagar 230 millones de dólares en sobornos ilegales a agentes políticos. Varios meses después, en marzo de 2016, agentes de la ley tomaron la audaz decisión de allanar la casa del presidente, y Lula fue detenido y sometido a interrogatorios.

A pesar de algunas maniobras para proteger a Lula de cargos penales con inmunidad política, los fiscales brasileños lo acusaron en septiembre de 2016, responsabilizándolo de planear un amplio esquema de corrupción.

Los cargos crearon un alboroto político ya que muchos de los partidarios de izquierda de Lula salieron a mostrar su apoyo y exigieron su liberación.

En 2017 fue condenado por un tribunal inferior después de ser identificado como el principal beneficiario de un esquema de corrupción dentro de Petrobras, una corporación petrolera multinacional brasileña de propiedad estatal.

Según los fiscales, el ex primer ministro brasileño había recibido un apartamento frente al mar a cambio de su ayuda para que Petrobras ganara contratos a precios inflados. Tras una apelación infructuosa, fue condenado en 2018 a 12 años de prisión por cargos de blanqueo de capitales y corrupción.

Odebrecht, la corporación brasileña donde se originó el escándalo, finalmente firmó un acuerdo de culpabilidad en el que admitió haber canalizado $ 788 millones en sobornos a varios países del hemisferio occidental.

El acuerdo, que requería que la compañía pagara $ 3.5 mil millones en multas, se conoció como "el acuerdo del fin del mundo" y fue descrito por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el "caso de soborno extranjero más grande de la historia".

En julio de 2019, se filtraron mensajes de Telegram entre el juez y el fiscal en el caso de Lula, y se dio a entender que el gobierno se había coludido con los tribunales para encarcelar a Lula y obstruir su candidatura a la reelección en 2018. Los mensajes crearon un debate internacional sobre si Lula fue objeto de enjuiciamiento y sus abogados hicieron un llamamiento internacional en busca de apoyo.

Buscaron la ayuda del comité de Derechos Humanos de la ONU y de destacados funcionarios y medios de comunicación estadounidenses, y finalmente consiguieron el apoyo de The New York Times, el autor Noam Chomsky y varios funcionarios del Congreso de los Estados Unidos, incluido el senador socialista Bernie Sanders, todos los cuales pidieron que debería anularse la condena de Lula.

En marzo, un juez del Tribunal Supremo Federal anuló las condenas de Lula da Silva y, en última instancia, la decisión fue confirmada por el Tribunal Supremo de Brasil.

Argentina

En Argentina, el expresidente Néstor Fernández de Kirchner había enfrentado múltiples acusaciones desde que dejó el cargo en 2007 cuando se hizo a un lado y apoyó a su esposa, Cristina Elisabet Fernández, quien se desempeñó como presidenta hasta 2015, y recientemente regresó en 2019 como vicepresidenta del país. Néstor, quien murió en 2010, y su esposa se identificaban como peronistas, y Cristina es la segunda mujer en ocupar el cargo de jefa de Estado de Argentina.

En diciembre de 2017, como resultado de la filtración anterior de los Papeles de Panamá de 2016, un tribunal argentino acusó y procesó a Fernández de Kirchner de alta traición por las acusaciones de que había ayudado a encubrir la participación iraní en el atentado con bomba en 1994 contra un centro comunitario judío en Buenos Aires.

Ese caso tomó una extraña serie de giros, especialmente cuando en 2015 el fiscal Alberto Nisman murió misteriosamente de un disparo la noche antes de que se esperaba que revelara nuevas pruebas condenatorias.

En septiembre de 2018, otra acusación también la acusó de aceptar sobornos de empresas constructoras a cambio de contratos durante sus ocho años en la presidencia.

Sin embargo, como senador en funciones que sirvió de 2017 a 2019, Fernández de Kirchner disfrutó de inmunidad procesal y desde entonces se retiraron todos los cargos.

“Durante el gobierno de Néstor Kirchner se echó a andar un sistema de recaudación ilegal que continuó durante la presidencia de su esposa, Cristina Elisabet Fernández”, escribió el juez en la acusación. Fernández y su marido “fueron los que dieron la directivas y las órdenes para el desarrollo de las maniobras investigadas, así como los beneficiarios finales de las mismas”.

El New York Times insinuó que el extraño caso legal pudo haber sido motivado por la corrupción: “El fallo unánime de un panel de tres jueces es la última victoria judicial de la señora Kirchner, quien gobernó el país de 2007 a 2015. Sigue el patrón del poder judicial argentino que muestra indulgencia hacia los políticos cuando están en el poder y un mayor escrutinio cuando dejan el cargo ".

Ecuador

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, cuya presidencia de 10 años entre 2007 y 2017 había sido parte de la 'Marea Rosa' latinoamericana en un cambio hacia el socialismo, fue sentenciado recientemente a ocho años de prisión por cargos de corrupción. Señalado inicialmente en una orden judicial por conspirar para secuestrar al opositor político Fernando Balda, Correa, fue sentenciado finalmente a ocho años de prisión por aceptar “contribuciones indebidas” de 2012 a 2016 a cambio de adjudicar contratos estatales a empresas seleccionadas. De acuerdo a ciertos informes, vive en la actualidad exiliado en Bélgica.

A Correa se le ha prohibido participar en política durante 25 años.

La lista de líderes latinoamericanos enviados a la cárcel por corrupción también incluye a los expresidentes Alejandro Toledo de Perú y Ricardo Martinelli de Panamá.

Panamá

Ricardo Martinelli de Panamá fue absuelto finalmente y puesto en libertad por un juez panameño en su propio país, aunque tiene algo en común con el ex general Manuel Noriega, cuyos operaciones de narcotráfico provocaron la invasión estadounidense de Panamá en 1989. Aunque Martinelli nunca fue acusado de narcotráfico, fue detenido, lo mismo que Noriega, en Estados Unidos por las autoridades federales.

Martinelli, quien se desempeñó como el 36to presidente de Panamá entre 2009 y 2014, recibió una solicitud de "aviso rojo" de arresto internacional por parte de INTERPOL después de que las autoridades panameñas lo acusaran de participar en escuchas telefónicas ilegales y vigilancia de más de 150 personas, incluidos periodistas y líderes de la oposición.

Martinelli fue detenido en Miami por alguaciles estadounidenses en 2017 y extraditado a Panamá en 2018, donde esperaba cargos por escuchas telefónicas ilegales, mientras cumplía arresto domiciliario. En 2019, un panel de jueces panameños lo declaró inocente y lo liberó de la detención domiciliaria.

Perú

Alejandro Celestino Toledo Manrique se desempeñó como presidente de Perú de 2001 a 2006 después de liderar la oposición contra Alberto Fujimori, cuyo mandato de diez años esencialmente aplastó a la organización terrorista Maoísta Sendero Luminoso después de varios años de cometer actos de violencia generalizados en todo el país.

Después de perder su primer desafío contra Fujimori en 1995, el partido político que fundó Toledo —Perú Posible— ganó impulso en todo el país. En 2000, desafió con éxito a Fujimori una vez más basando su campaña en la creación de 400.000 nuevos puestos de trabajo, el aumento de salarios y la mejora de la infraestructura social.

La victoria de Toledo fue memorable ya que fue el primer indígena en ganar una elección presidencial en Perú, y cuando anunció la victoria desde su habitación de hotel, lució una diadema roja con el espíritu de los antiguos guerreros incas. Sin embargo, la votación comenzó a girar rápidamente en favor de Fujimori, y al final de la noche ninguno de los candidatos tenía una mayoría clara, por lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró la elección "inválida".

Toledo se negó a participar en una segunda vuelta y solicitó a las organizaciones internacionales que le negaran a Fujimori, que ya había comenzado su tercer mandato, el reconocimiento político. Las protestas continuaron llegaron al Congreso peruano hasta que estalló la violencia y una explosión mató a seis personas. En medio de acusaciones de que los aliados de Fujimori estaban vinculados a la violencia, este convocó a nuevas elecciones y aceptó no presentarse como candidato, sino emigrar a Japón.

Toledo ganó la nueva reelección y sirvió durante seis años, hasta el momento en que se enmendó la constitución para restablecer una prohibición de reelección inmediata, lo que le impidió postularse nuevamente en 2006. Toledo se postuló para la reelección en 2011, pero quedó muy por detrás del bien conocido ex oficial militar izquierdista, Ollanta Humala, que también pudo derrotar a la hija de Fujimori, Keiko.

En febrero de 2017, Toledo se convirtió en académico invitado en la Universidad de Stanford y en el mismo año también enfrentó una orden de captura de un juez peruano luego de que él y sus dos sucesores a la presidencia fueran acusados ​​de aceptar millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

El gobierno peruano clasificó al expresidente como prófugo y ofreció una recompensa de $100,000 por su extradición, que fue concedida recientemente por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos el 28 de septiembre. El caso está pendiente.