La ONU acusa al régimen de Maduro de “crímenes de lesa humanidad” en las elecciones presidenciales

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela acusó este martes al régimen de Nicolás Maduro de cometer “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, marcadas por la represión de las protestas poselectorales y la persecución de los opositores.

En un informe de 158 páginas, que cubre el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusó a las fuerzas del orden y a grupos civiles armados a favor del régimen de múltiples asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.

Los funcionarios de la ONU habían publicado hace un mes un informe preliminar que anticipaba este segundo, en el que se decía que Maduro había intensificado la maquinaria de represión tras las presidenciales, cuyo resultado no fue el esperado por el chavismo.

Este nuevo informe precisa que no se trató de una persecución posterior a las elecciones, sino que todo estaba en marcha desde antes y que, igualmente, durante la propia campaña se cometieron excesos que enturbiaron todo el proceso electoral.

El escrito señala directamente a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional Bolivariana, pero también a los servicios de inteligencia, el SEBIN (civil) y el DGCIM (militar), a los que considera responsables de los crímenes. Además, incluye casos ilustrativos que ejemplifican los hallazgos y coloca el testimonio de las víctimas en el centro de sus conclusiones.

Según el reporte de la Misión, 25 personas fueron asesinadas por arma de fuego en recientes incidentes de violencia en el país sudamericano. Cientos de personas más resultaron heridas y otras miles fueron detenidas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral (CNE), que "incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad"; la Asamblea Nacional, "instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”; y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que "siguió operando con falta de independencia".

La Misión está investigando lo que ocurre en Venezuela desde 2019, el año en que la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visitó el país, habló con Maduro y con las víctimas y dejó instalada una oficina con su equipo.