Misión de la ONU acusa al régimen de Maduro de una represión sin precedentes y crímenes de lesa humanidad

Un nuevo informe de la ONU, elaborado por la Misión de Establecimiento de los Hechos de la organización, denunció este martes que el régimen de Nicolás Maduro intensificó “dramáticamente” sus esfuerzos para arrollar toda oposición pacífica a su mandato, provocando en la nación una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.

Según la misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, el aparato del régimen de centra en desintegrar a la oposición a través de acciones que no son “aisladas o aleatorias, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir” a quienes pueden expresar algún pensamiento no acorde con la dictadura.

“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”, explicó Valiñas al presentar a la prensa en Ginebra el último informe elaborado por su equipo.

La misión, integrada también por el abogado chileno Francisco Cox y la experta argentina en derechos humanos Patricia Tappatá, apoyados por un equipo técnico, presentará oficialmente el jueves su informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El informe, que examina la situación de los derechos humanos en Venezuela entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Las autoridades públicas, señala el informe, han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder.

Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, además de ordenes de arresto contra otras personas, incluyendo a activistas, periodistas, opositores políticos y hasta militares.

Durante julio, en plena campaña electoral hubo 120 detenidos, y después de los comicios se registraron otras 2.000 detenciones, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que les acusaban de terrorismo e incitación al odio.