Fiscalía peruana advierte que existe "peligro de fuga" de la esposa de Pedro Castillo

La Fiscalía peruana afirmó este lunes que existe un "peligro de fuga" de la primera dama, Lilia Paredes, después de argumentar una serie de razones por las que se ha solicitado que se dicte una medida de comparecencia con restricciones ante las autoridades y otra de impedimento de salida del país por 36 meses.

"Consideramos que esta medida es la más adecuada y óptima para evitar el peligro de fuga", dijo el fiscal Jorge García Juárez en una comparecencia antes de indicar que, con estas restricciones, "se garantizará su presencia en los actos" de la investigación que se sigue contra una presunta organización criminal en el gobierno peruano.

El fiscal también solicitó que Paredes sea sometida a un control judicial mensual, que no se le permita salir de la localidad donde reside, que se le prohíba comunicarse con los investigados en el caso y acudir a los ministerios y municipios presuntamente vinculados al caso, y que se le imponga una fianza de 100.000 soles (unos 25.700 dólares).

Según la versión del fiscal, otros miembros del Ejecutivo y familiares de Paredes también están involucrados en esta presunta organización dedicada a la adjudicación de obras públicas a cambio de dinero, por lo que extendió el pedido de restricciones e impedimento de salida del país a sus hermanos Walter y David.

El caso también ha implicado a la hermana menor de la primera dama, Yenifer Paredes, quien fue criada como hija por la pareja presidencial y desde agosto pasado cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses.

También es investigado el empresario Hugo Espino, quien declaró ante la Fiscalía que coordinó con Lilia y Yenifer Paredes en Palacio de Gobierno un acuerdo para ser testaferro de la familia de Castillo, recibió depósitos de dinero de ellos y pagó sobornos para que se le adjudicaran obras de infraestructura con el Estado.

Mientras que su esposo, el presidente Pedro Castillo, tiene seis investigaciones preliminares abiertas en su contra por el Ministerio Público, que lo señalan como presunto líder de esta red corrupta, así como por la licitación para la compra de biodiésel para la estatal Petroperú.

También por el presunto encubrimiento de los prófugos Juan Silva, ex ministro de Transportes, y su sobrino Fray Vásquez, denunciados por participar en la coordinación de esta supuesta organización.

El mandatario también es investigado preliminarmente por presuntas irregularidades en ascensos policiales y militares y por el supuesto plagio de su tesis de maestría.