Suprema Corte suspende acuerdo de AMLO para blindar megaobras de infraestructura

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara de "interés público" y "seguridad nacional" a las obras de infraestructura del gobierno federal como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de la Ciudad de México.

El tribunal concedió una parte de la suspensión solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entidad que interpuso una controversia constitucional en contra del acuerdo publicado por el mandatario mexicano en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre.

La Corte alegó que el presidente no tiene atribuciones para realizar esta clasificación sin cumplir con los parámetros establecidos en la ley de transparencia.

Sin embargo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, negó la suspensión solicitada por el INAI para evitar que el gobierno federal realice obras y proyectos asociados a diversos sectores como comunicaciones, turístico, energético, aeroportuario o vías férreas mediante adjudicación directa.

"Es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que se indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del gobierno de México". Con esta decisión, los efectos del acuerdo presidencial siguen vigentes, excepto en los casos referentes a acceso a la información.

López Obrador señaló que la medida pretende agilizar los trámites en las obras prioritarias del gobierno federal.

"El acuerdo es para agilizar tramites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras. Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos", explicó en conferencia de prensa el 23 de noviembre.

Los comisionados del INAI aclararon que no pretenden que se suspendan las obras o proyectos de infraestructura, sino que, por el contrario, buscan mantener el cumplimiento de la ley en asuntos de relevancia nacional.

La publicación del acuerdo generó diversas críticas, principalmente porque abría la oportunidad para que la información de los grandes proyectos del gobierno federal pudiera catalogarse como "reservada".