¿Qué está en juego con la reforma energética en México?

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informó el 1 de octubre que envió al Congreso una propuesta para reformar el sector energético del país.

La iniciativa propone modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana con el objetivo de convertir a la actual empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un organismo con "personalidad jurídica propia", para que logre "producir y despachar el 56% de la energía que se genera en el país".

Esto se lograría a través de dos acciones: se desaparecerían las empresas subsidiarias de la CFE para dar forma a un organismo que tendría la obligación de generar, distribuir y administrar la energía eléctrica en México; y sólo se permitiría que los privados participen hasta el 46% del mercado.

Junto con los cambios a la CFE, la iniciativa contempla la desaparición de dos órganos reguladores: la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de la Energía (CRE). Según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esto permitirá que la CFE funcione de manera más eficiente y se deje de beneficiar a productores privados.

La propuesta del mandatario mexicano incluye una medida para que los minerales considerados como estratégicos, principalmente el litio, no sean concesionados a privados. Sería el Estado quien asumiría las tareas de exploración y producción.

"El litio que hay en el subsuelo de nuestro territorio, es de los mexicanos", afirmó López Obrador al presentar la reforma energética en conferencia de prensa.

El presidente también explicó que las concesiones otorgadas para la explotación de otros minerales, como el oro y plata, permanecen, pero no podrán ser utilizadas para la producción y explotación de litio.

Críticas principales

Los grupos que se oponen a esta reforma señalan que las medidas propuestas ahuyentarán la inversión privada. No obstante, el gobierno asegura que su plan "le conviene al pueblo".

La propuesta da marcha atrás parcialmente a la liberalización del mercado aprobada en 2013, ya que la CFE pasaría a controlar mayoritariamente la generación de energía eléctrica. Actualmente, la empresa estatal opera en 38% del mercado mexicano, según cifras oficiales.

Esto es lo que ha generado el mayor rechazo de los especialistas, congresistas y grupos empresariales de Estados Unidos. Días después de anunciarse la propuesta de reforma, la agencia calificadora Moody’s advirtió que los cambios disminuyen la transparencia operativa, desalientan la inversión de privados en el mercado y podría aumentar el costo de la energía para los usuarios.

Moody’s también destacó que la eliminación de la CNH y la CRE afectaría la confianza de los inversionistas porque eliminaría el marco institucional sobre el cual opera actualmente el sector energético mexicano.

Varios legisladores republicanos de Estados Unidos, entre ellos Ted Cruz, Henry Cuellar, August Pfluger, John Cornyn y Tony Gonzales, han exigido a la administración de Joe Biden que presione al gobierno mexicano para frenar la iniciativa, al considerar que vulnera el tratado comercial de Norteamérica, el T-MEC, y desfavorece las inversiones estadounidenses en México.

Otras voces alertan que esta iniciativa implica un retroceso para lograr la transición hacia el uso de energías limpias en México, la segunda mayor economía de América Latina.

Organizaciones como Greenpeace, la Iniciativa Climática de México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, entre otras, señalan que la reforma retrasará aún más el cumplimiento de compromisos internacionales como el Acuerdo de París.

A partir de la obligación para generar más energía, la CFE podría recurrir a una mayor quema de carbón y combustóleo (residuo habitual tras la refinación de petróleo crudo) para cumplir con la demanda de electricidad.

Además, aumentaría la exposición de México a los precios y la disponibilidad internacional de gas natural. Según la Secretaría de Energía, para la generación eléctrica del país en 2020, los combustibles fósiles representaron aproximadamente el 74% del rubro. De ese porcentaje, el gas natural implicó alrededor del 81%.

Debido al vórtice polar en febrero de 2021, que provocó un déficit de suministro de gas natural en Texas, los incrementos en los precios del gas generaron sobrecostos de 2.500 millones de dólares para la CFE, la mitad de los cuales fueron subsidiados por el gobierno mexicano.