Mujeres y niñas, principales víctimas de militarización en México, advierten ONGs

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunciara recientemente su intención de mantener al Ejército y la Marina a cargo de tareas de seguridad pública, organizaciones civiles advierten que la presencia de las Fuerzas Armadas en estas labores ha tenido un impacto negativo en la vida social, sobre todo de mujeres y niñas del país azteca.

"La gravedad de ir metiendo a los militares en tareas civiles y ciudadanas, lo que trae como consecuencia, es que no tenemos ningún control sobre lo que está pasando en el interior", señaló Ana Lorena Delgadillo, directora de la ONG Fundación para la Justicia, refirió Infobae.

Se estima que, de julio de 2020 a junio de 2021, el 64,4% de las mujeres que fueron arrestadas en el país sufrieron algún acto de violencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por Expansión.

Otra encuesta nacional realizada por última vez en 2016 a cargo del Inegi, también reveló que durante 2015, “un aproximado de 97 mil mujeres mayores de 15 años en el país fueron violentadas por militares o marinos”.

"En el caso de las mujeres y las niñas afecta de manera particular para los derechos de libre tránsito y de una vida libre de violencia, porque las dinámicas suelen ser de acoso e intimidación contra las jóvenes", advirtió Quetzalli Villanueva, abogada y defensora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", entrevistada por Infobae.

Villanueva explicó, además, que se tienen muchas experiencias que comprueban que la presencia de militares impacta de manera negativa en las comunidades y en especial de la población femenina.

Uno de los casos más conocidos ocurrió en mayo de 2006 en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, cuando policías estatales y miembros del Ejército acudieron a disolver una protesta contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México que se pretendía construir en la zona. Dos personas murieron y decenas de mujeres habrían sido abusadas durante su detención.

Víctimas de "la represión policial y tortura sexual", a 16 años del hecho siguen exigiendo que "se termine con la impunidad". 

La ONU alertó recientemente que la militarización de funciones civiles básicas, como la seguridad pública, puede debilitar la democracia.

Colectivos de derechos humanos nacionales e internacionales también han advertido ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas continúen ocupándose de tareas de seguridad pública, que podría incrementarse la represión al no existir un sistema adecuado de rendición de cuentas.

En 2020, el Congreso mexicano autorizó que el Ejército ayudara en sus funciones a la Guardia Nacional hasta 2024, el límite que AMLO apuesta por eliminar.

Un año antes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad contra algunas de esas normas al considerar que las atribuciones dadas a este cuerpo en labores de investigación, vigilancia y control migratorio son excesivas. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todavía no se ha pronunciado al respecto.