Hermana y cuñado de Peña Nieto también son investigados por presunto lavado de dinero

La investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana (UIF) sobre el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, también implica a una empresa en la que participan Verónica Peña Nieto, hermana del exmandatario, y su cuñado, Juan José Chimal Velasco, informó este lunes Animal Político.

Peña Nieto y sus dos familiares son accionistas de Impulsora Agrícola La Laguna, una de las compañías aludidas la semana pasada por Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su exposición sobre la indagatoria contra el exmandatario mexicano.

Chimal Velasco, también tesorero de Productores FCB, una empresa que durante la administración de Peña Nieto (2012-2018) recibió apoyos para el campo de un programa de gobierno, y presuntamente desvió 33,9 millones de pesos mexicanos (1,6 millones de dólares), según una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destacada por el citado medio.

Además de los desvíos, la ASF encontró que Productores FCB reportó un saldo en su estado de cuenta por 6,4 millones de pesos (309.000 dólares), pero su saldo real era de 3.1 millones (150.000 dólares). Esa cuestión puede ser causa para una terminación anticipada de los convenios suscritos con el gobierno de México, aunque esa operación nunca se llevó a cabo.

Peña Nieto habría recibido por medio de transferencias internacionales y un esquema ilegal, 26 millones 1,400 pesos (1,26 millones de dólares). Al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias, según la UIF.

El expresidente mexicano habría obtenido tres depósitos. El primero se habría dado en agosto de 2019, por 16 millones de pesos (777.000 dólares); el segundo en octubre de 2021, por 5 millones de pesos (243.000 dólares); y el último en octubre de 2021, por otros 5 millones.

Algunos empresarios y un grupo de operadores de bajo perfil que acompañaron a Peña Nieto desde su gobierno en Estado de México (2005-2011), se encuentran bajo investigación por triangulaciones de fondos probablemente constitutivas de delitos, las cuales han sido rastreadas al menos desde 2020, señaló Proceso el domingo.

En mayo, el diario El País reveló que el exmandatario se asentó legalmente en España, luego de que en octubre de 2020 se le concedió una autorización de residencia y trabajo destinada para los grandes inversionistas en el país europeo, conocida popularmente como "visado dorado".