EE.UU. encuentra vínculos financieros entre el Cártel de Sinaloa y las campañas de López Obrador

Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la DEA, en conjunto con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos (USAO) para el Distrito Sur de Nueva York, (SDNY) sugiere que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió fondos del Cártel de Sinaloa durante su campaña presidencial de 2006.

Tres agencias, entre ellas Deutsche Welle, InSight Crime y ProPublica, hicieron las impactantes afirmaciones en artículos recientes, informando que agentes federales y fiscales estadounidenses descubrieron que el cártel mexicano de Sinaloa contribuyó con entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de López Obrador en 2006.

Estas acusaciones se producen después de que López Obrador intentara vincular a su antiguo rival en 2006, el presidente conservador Felipe Calderón, con las acciones ilícitas del ex fiscal general Genaro Luna García, que fue juzgado y condenado el año pasado en Estados Unidos por recibir sobornos del cártel de Sinaloa.

También se producen sólo cuatro meses después de que el presidente mexicano recibiera al secretario de Estado, Antony Blinken, y a una delegación de alto nivel de funcionarios estadounidenses por medio de la cual el gobierno norteamericano agradeció a López Obrador sus esfuerzos para ayudar a extraditar al capo de la droga Ovidio Guzmán López.

Un comunicado emitido por el Departamento de Estado de EE. UU. reconoció como emblemática la "cooperación continua de los dos países basada en nuestro respeto compartido por el estado de derecho."

López Obrador criticó los informes diciendo que el Departamento de Estado estaba liderando una conspiración mediática en su contra.

"En el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado y las agencias tienen mucha influencia en el manejo de los medios, y también aquí, pero no hay pruebas. Son viles calumniadores, aunque se les premia como buenos periodistas", declaró a los periodistas.

López Obrador no logró ser elegido hasta 2018. En 2006, el candidato presidencial de MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), de tendencia izquierdista, perdió por un estrecho margen de menos del 1% frente al candidato más conservador, Felipe Calderón.

Los informes alegan que la SDNY USAO recopiló grabaciones de audio de conversaciones entre el cártel de Sinaloa y miembros del círculo íntimo de López Obrador que mostraban la canalización de dinero a la campaña de López Obrador.

Además, afirman que Estados Unidos determinó que Alfredo Beltrán Leyva, un narcotraficante extraditado a Estados Unidos en 2014 y condenado a cadena perpetua, orquestó la operación y suministró los fondos para la campaña de López Obrador.

Tanto ProPublica como InSight Crime dicen que sus historias se basan en información de más de una docena de entrevistas realizadas a funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos gubernamentales.

La periodista mexicana Anabel Hernández informó en Deutsche Welle que obtuvo su información a través de dos personas que estuvieron en reuniones reales entre el equipo de López Obrador y el Cártel de Sinaloa.

Hernández informó que "la organización criminal solicitó protección y el derecho a participar en el nombramiento del fiscal general de la República si López Obrador ganaba las elecciones."

Las autoridades estadounidenses habrían identificado la participación de notables figuras del Cártel de Sinaloa en su investigación.

Entre ellos, la del teniente del cártel Roberto Acosta Islas, del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal y de Roberto López Nájera, quien supuestamente facilitó pagos a las autoridades mexicanas.

La investigación también identificó a cuatro personas cercanas a López Obrador. Se trata de Mauricio Soto Caballero, diputado de MORENA en el Congreso mexicano, que ayudó a AMLO en 2006, 2012 y 2018. Otro fue Nicolás Mollinedo, chofer de AMLO de 2000 a 2014.

Las investigaciones indican que Soto Caballero era la persona que recibía fondos del Cártel de Sinaloa y los dirigía a la campaña de López Obrador.

Las otras dos personas implicadas son los empresarios Francisco León García y Emilio Dipp Jones.

León García, propietario de minas de mármol, "desapareció" en marzo de 2007. Dipp Jones presuntamente asistió a la reunión inicial en la que se decidió que el cártel de Sinaloa respaldaría la campaña de López Obrador.

Hernández alega que, durante la primera reunión no revelada, se acordó que el cártel aportaría 2 millones de dólares a la campaña de López Obrador. La segunda reunión tuvo lugar en la Ciudad de México, en una residencia de la calle Aristóteles 131, en la colonia Polanco, donde estuvieron presentes López Nájera, Soto Caballero, Dipp Jones y León García.

Agentes federales y fiscales de Estados Unidos determinaron que en el local de la calle Aristóteles se realizaron entregas de dinero en efectivo durante la campaña presidencial de 2006.

El informe de Hernández se dio a conocer varios meses después de que López Obrador acusara a la DEA de llevar a cabo "una injerencia abusiva y prepotente" en México, señalando a las autoridades estadounidenses de violar la soberanía de México al perseguir al Cártel de Sinaloa sin la autorización de su administración.

"Este no es un asunto de la DEA. Esto tiene que ver con el Departamento de Estado. Y lo mismo pasa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos porque ellos tienen que poner orden. Todavía está todo muy flojo", manifestó entonces López Obrador.