13 fiscales generales de EEUU respaldan demanda del gobierno mexicano contra fabricantes de armas

Fiscales generales de 13 estados en Estados Unidos y Washington D.C. expresaron esta semana su apoyo a una demanda federal establecida por el gobierno mexicano, en la que se acusa a un grupo de fabricantes en EE.UU. de facilitar el tráfico de armas a los delincuentes en México.

En un escrito presentado en un tribunal federal de Massachusetts, los fiscales generales demócratas de estados como California, Illinois, Massachusetts, Minnesota y Nueva York, argumentaron en contra de la moción de los demandados para desestimar el caso. Según afirmaron, una ley federal para brindar protección legal a los fabricantes de armas no puede aplicarse en este caso.

"Aunque la ley puede dar a los fabricantes de armas de fuego cierta protección, esto no implica un pase libre para permitir que sus productos caigan en manos peligrosas", señaló el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) protege a los fabricantes de armas de ser considerados responsables si sus productos se utilizan en un delito. Los demandados, entre los que se encuentran marcas como Smith & Wesson, Colt y Glock, citan esta ley como parte de sus argumentos para tratar de desestimar la demanda del gobierno mexicano.

Sin embargo, la PLCAA no protegería -en palabras de la oficina de Bonta-, "a las empresas de su responsabilidad".

La fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, pidió en un comunicado de prensa emitido el martes que el tribunal reconozca que los fabricantes, vendedores y distribuidores de armas deben rendir cuentas por sus prácticas para comercializar o vender sus productos.

"Es inaceptable que los fabricantes y distribuidores de armas comercialicen sus productos de manera que se facilite el tráfico ilegal de armas a manos de individuos peligrosos", destacó Healey.

El gobierno mexicano afirma que los fabricantes de armas estadounidenses tienen conocimiento de que sus prácticas contribuyen y facilitan el tráfico de armas hacia México.

En la demanda se advierte que México pretende acabar con los daños causados por los acusados al facilitar el tráfico ilegal de sus armas a los cárteles de la droga y otros criminales. Como prueba, se señala que la mayoría de las armas recuperadas en escenas de crímenes en México provienen de Estados Unidos.

En 2019, al menos 17.000 homicidios estuvieron vinculados con esas armas, según estimaciones de la cancillería mexicana.

Con el proceso legal, el gobierno mexicano pretende obtener una compensación económica millonaria por parte de las empresas Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.