Lgisladores de Florida buscan frenar el proceso de iniciativa electoral

Legisladores están tratando de reformar un proceso de iniciativa de voto donde dos comités políticos recaudaron 261 millones de dólares en un esfuerzo perdedor para consagrar el derecho al aborto y la marihuana recreativa en la constitución del estado en el último ciclo electoral.

El proyecto de ley 7016 del Senado está patrocinado por el senador Don Gaetz, republicano de Niceville, y limitaría las organizaciones de iniciativa electoral a tres ciclos electorales si no pueden alcanzar el umbral de firmas para la revisión judicial.

El Comité del Senado sobre Ética y Elecciones, que preside Gaetz, aprobó el proyecto de ley 6-3 a pesar de casi todos los oradores en la audiencia del lunes se oponen a la medida. 

“Todos estamos orgullosos de que aquí, en el estado libre de Florida, los ciudadanos tienen la oportunidad de colocar enmiendas constitucionales en la boleta electoral por petición”, expresó el presidente del Senado, Ben Albritton, R-Wauchula, en un comunicado. “Enmendar la constitución de Florida es una responsabilidad que cada votante se toma muy en serio, y la integridad de la petición es fundamental para garantizar la eficacia del proceso de iniciativa ciudadana”.

“Esta legislación aumenta la transparencia y la responsabilidad de los patrocinadores de las iniciativas; disuade, previene y penaliza las actividades fraudulentas; y, proporciona a los votantes información objetiva sobre los impactos financieros de las enmiendas propuestas en la parte delantera del proceso”.

Según un análisis del proyecto de ley, hay peticiones activas de hace más de una década con pocas o ninguna firma sin caducar y los comités políticos afiliados no tienen contribuciones ni gastos en los informes. Se prohibiría contratar a personas en situación irregular para la recogida de firmas.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley, las enmiendas presentadas antes de 2022 tendrían una elección más para alcanzar el número de firmas requerido.

El proyecto de ley también exigiría a los voluntarios que participen en iniciativas electorales que se registren ante las autoridades estatales y establecería un límite de una iniciativa electoral por organización política.

Los solicitantes también estarían obligados a tomar el número de licencia de conducir, el número del documento de identidad o utilizar los cuatro últimos dígitos del número de la Seguridad Social del firmante.  

Un proyecto de ley similar, el House Bill 1025, también está tramitándose en el proceso legislativo.

No todos apoyan los cambios en el proceso de iniciativa electoral del estado.

La ACLU de Florida escribió en un post en las redes sociales: “Este proyecto de ley es un intento agresivo de limitar nuestra libertad de votar sobre las políticas que les importan a los floridanos”.

El gobernador Ron DeSantis pidió a los legisladores que reformaran el proceso de iniciativa de voto del estado después de que dos organizaciones políticas recaudaran cientos de millones para sus causas.

Safe & Smart Florida recaudó 153 millones de dólares para la Enmienda 3, la mayoría de ellos (casi 145 millones) procedentes del minorista de cannabis Trulieve, según datos de la oficina del secretario de Estado.

Floridians Protecting Freedom propuso la Enmienda 4 en la papeleta y el grupo recibió 108 millones de dólares en contribuciones, muestran los datos estatales, la mayoría de los cuales procedían del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Según la ley actual, los ciudadanos pueden registrar comités políticos en la oficina del secretario de estado para intentar que una enmienda aparezca en las papeletas. Para que aparezca, el número de firmas debe ser igual o superior al 8% del número de votantes en las últimas elecciones presidenciales.  

Cada hoja de petición debe entregarse en un plazo de 30 días desde su recogida a los supervisores electorales del condado para su aprobación, con multas en caso de retraso.

La ley también exige que las firmas procedan de votantes de al menos la mitad de los distritos congresuales del estado.

A continuación, las firmas se remiten al fiscal general del estado, que solicita al Tribunal Supremo del estado una opinión consultiva sobre la constitucionalidad de la iniciativa. La conferencia de estimación fiscal del estado también está obligada por ley a examinar los costes potenciales para los contribuyentes si una iniciativa pasa a formar parte de la constitución del estado.

Para que se convierta en ley, es necesario que el 60% de los votantes aprueben la medida.