Florida demanda al gobierno de Biden por Programa de Menores de América Central

Florida se unió a estados de todo el país, incluidos Texas, Indiana, Missouri, Montana, Oklahoma, Arkansas y Alaska, para presentar una demanda contra la Administración Biden por restablecer el Programa de Menores de América Central (CAM).

En un comunicado Ron DeSantis dice: "Este programa es otro ejemplo del absoluto desprecio de la Administración Biden por la fiel aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación. La administración Biden continúa ignorando las leyes de este país y permite que un gran número de extranjeros ilegales crucen la frontera, sin tener en cuenta los posibles antecedentes penales o conexiones con actividades ilícitas”. Y agregó: "A estos extranjeros ilegales no solo se les permite reinar libremente en este país, sino que la administración también impone la carga y los costos a los estados e ignora las consecuencias de sus políticas. Me alegra que la procuradora general Moody esté ayudando a bloquear las políticas de inmigración imprudentes de la Administración Biden”.

“Después de ver el caos en persona, me queda aún más claro ahora que Biden y Mayorkas están construyendo su propia organización ilegal para transportar inmigrantes ilegales hacia y alrededor de nuestro país, burlándose de las leyes federales”, dijo la fiscal general Ashley Moody. “No solo trabajaré enérgicamente para detener estos actos ilegales, sino que continuaré informando a los floridanos sobre lo que realmente está haciendo su gobierno federal y los peligros asociados con esas decisiones”.

Por su parte, la vicegobernadora Jeanette Nuñez, dijo: “Las políticas de fronteras abiertas de la Administración Biden son desastrosas y crean una crisis de trata de personas y explotación sexual infantil. Al presentar esta demanda, responsabilizamos al gobierno federal por negarse a hacer cumplir la ley y asegurar nuestras fronteras, lo que pone en riesgo a todos los floridanos”.

Según el comunicado del gobernador, "El programa CAM es un abuso descarado de la autoridad de libertad condicional del Gobierno Federal. Permite a los ciudadanos extranjeros del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), muchos de los cuales ya se encuentran ilegalmente en el país, traer a sus hijos (incluidos los hijos adultos hasta los 21 años) y otros miembros de la familia al país, incluso si no califican para el asilo o la condición de refugiado. La autoridad de libertad condicional del gobierno federal solo debe ejercerse caso por caso por razones humanitarias urgentes y un beneficio público significativo. Otorgar libertad condicional de base amplia sin hallazgos individualizados es una violación flagrante de la ley federal de inmigración. Este programa ilegal debe ser terminado inmediatamente".