Detienen a excongresista de Miami investigado por recibir fondos del régimen de Maduro

El excongresista de Miami, David Rivera, fue detenido el lunes en el aeropuerto de Atlanta en relación con una investigación criminal federal sobre un contrato de consultoría de 50 millones de dólares que firmó con el régimen venezolano de Nicolás Maduro.

El político cubano-estadounidense de 57 años y antiguo influyente funcionario de Florida fue acusado, junto con su esposa, de recibir fondos del régimen venezolano y no haber declarado que representaba intereses extranjeros, según informó el Nuevo Herald.

Sin embargo, Marlene Rodríguez, portavoz de la Oficina del Fiscal General de Estados Unidos en Miami, dijo que Rivera fue acusado formalmente por un gran jurado de Miami el mes pasado, pero aún no se han hecho públicos los detalles y ella no podía hablar de los cargos.

El republicano, que ocupó un escaño entre 2011 y 2013 en el Congreso de Estados Unidos, enfrenta una demanda paralela de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela por incumplir un contrato millonario.

La firma del excongresista, Rivera's Interamerican Consulting, fue demandada en 2020 alegando que éste no realizó ningún trabajo como parte de un contrato que firmó en 2017 por tres meses de "consultoría estratégica" destinada a tender puentes con actores clave de Estados Unidos, reportó The Associated Press (AP).

Al parecer Rivera recibió pagos iniciales que ascendieron a $20 millones, pero los demandantes alegan que en realidad hizo muy poco por mejorar la imagen de la petrolera en Estados Unidos.

Tras asegurar su inocencia, Rivera contrademandó a PDV USA alegando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto por no pagar los 30 millones de dólares que dice que aún se le deben.

Aunque el contrato de Rivera era con una entidad estadounidense, cualquier trabajo que hubiera realizado en nombre del régimen de Maduro o de intereses empresariales venezolanos le habría obligado a registrarse como cabildero extranjero, cosa que no hizo.

Rivera afirmó poco después de la presentación de la demanda que parte de los fondos estaban destinados a financiar protestas de la oposición contra el régimen de Venezuela y a ayudar al líder opositor encarcelado Leopoldo López, quien posteriormente negó estas afirmaciones.

Los registros que salieron a la luz como parte de la demanda muestran que el trabajo de consultoría de Rivera se hizo en conjunto con Raúl Gorrín, un magnate de los medios de comunicación venezolano que ha sido sancionado y acusado en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.