DeSantis firma una ley que amplía la pena de muerte a los violadores de menores

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el lunes una ley que podría permitir la pena de muerte en condenas por violación de menores, a pesar de que va en contra de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que niega ese castigo en casos similares. 

"En Florida, defendemos la protección de los niños", dijo DeSantis en una conferencia de prensa el lunes en el condado de Brevard. "Creemos que en el peor de los peores casos, el único castigo apropiado es el castigo máximo".

El proyecto de ley 1927 de la Cámara de Representantes permitiría al estado castigar con la pena de muerte a las personas condenadas por maltratar sexualmente a un menor de 12 años si el jurado emite un voto de al menos 8-4 recomendando la medida.

La ley, que entrará en vigor el 1 de octubre, fue aprobada con el apoyo de los dos partidos en ambas cámaras. Sólo cinco legisladores -tres demócratas y dos republicanos- votaron en contra en el Senado estatal.  

Sin embargo, en 2008, el Tribunal Supremo emitió una sentencia que impide a los estados aplicar la pena capital por violación de menores cuando no implique la muerte de un niño, alegando que sería un "castigo cruel e inusual."

DeSantis, sin embargo, ha dicho que el Tribunal Supremo debería revisar la sentencia y permitir que se aplique la pena capital en esos casos. 

"Creemos que esa decisión fue errónea", dijo en la rueda de prensa. "Este proyecto de ley establece un procedimiento para poder desafiar ese precedente y poder decir que en Florida pensamos que los peores de los peores crímenes merecen el peor de los peores castigos".

Además, DeSantis también firmó el lunes otros dos proyectos de ley relacionados con el sistema de justicia penal: En primer lugar, el Proyecto de Ley 1359, que aumenta las penas por delitos de fentanilo, y en segundo lugar, el Proyecto de Ley 1627, que agrega homicidio involuntario por DUI, tráfico de fentanilo, extorsión y amenazas de muerte escritas a una lista de "delitos peligrosos" que pueden tener una detención preventiva, y requiere que la Corte Suprema de Florida desarrolle un cronograma uniforme de fianzas.