Reino Unido: policía abre investigación por denuncia de médico relacionada con vacunas contra COVID-19

El médico inglés Sam White y su equipo jurídico, presentaron este lunes a la Policía Metropolitana de Londres "pruebas significativas e irrefutables" de los problemas de seguridad de la vacuna contra el COVID-19, y se ha iniciado una investigación penal.

Los abogados que actúan en nombre del Dr. White exigen al gobierno británico y al Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), detener inmediatamente la vacunación. 

"Varios departamentos gubernamentales y, en particular, personas que ocupan cargos públicos y gubernamentales han sido señalados como infractores y tenemos pruebas que los respaldan", anunciaron los abogados de PJH Law.

Una de las cuestiones que el equipo legal de White denunció a la policía es el mandato del gobierno de que todo el personal del NHS debe estar completamente vacunado para el 1 de abril. White lo califica de "chantaje" para obligar a sus colegas "a vacunarse o perder sus empleos".

White alcanzó notoriedad en febrero al ser suspendido por el NHS tras publicar un video en Twitter en el que criticaba la responsabilidad del Servicio Nacional de Salud en utilizar vacunas no probadas totalmente, en lugar de terapias efectivas como la ivermectina.

El video se hizo viral, atrayendo más de un millón de visitas, aunque Twitter lo retiró a los tres días de publicarse.

Una exitosa campaña de Crowdfunder le permitió apelar con éxito la medida impuesta por el NHS. El 3 de diciembre, el Tribunal Superior del Reino Unido revocó la suspensión de White y la orden de silencio provisional, y determinó que el Consejo Médico General había violado sus derechos humanos.

Apenas dos semanas después, el 17 de diciembre, White y su equipo jurídico solicitaron a la Agencia Reguladora de Productos Médicos y Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) del Reino Unido que se comprometiera a retirar las vacunas contra el COVID-19 en un plazo de siete días. Si no lo cumplen, PJH Law tiene la intención de solicitar una orden judicial del Tribunal Superior para obligar a hacerlo, anunciaron los abogados de White.

La MHRA es una agencia del gobierno británico que regula los medicamentos, los dispositivos médicos y los componentes sanguíneos para garantizar su seguridad y eficacia. White cree que ha fracasado en lo que respecta a estas vacunas.

"Estas inyecciones no son seguras, todavía están en fase de ensayo clínico y deberían ser retiradas inmediatamente", escribió el abogado Philip Hyland en nombre de White y de otras dos personas al presidente de la MHRA en un resumen de pruebas preparado para una solicitud de requerimiento judicial.

"Su falta de investigación de los problemas conocidos equivale a una grave negligencia en el cargo", continuó Hyland, "y le hace a usted y a la junta ejecutiva responsable de una falta grave en el cargo, de mala conducta en el cargo público y, o, hace que todos los titulares del cargo sean potencialmente responsables de homicidio corporativo en el sentido de que usted ha sido deliberadamente ciego a los daños conocidos de las inyecciones contra el SARS-CoV-2. No han tomado ninguna medida. Ustedes tienen el deber legal de proteger al público, y han fallado intencionadamente [sic] en ese deber".

El resumen probatorio completo puede leerse aquí.

El documento critica la Ley de Coronavirus del Reino Unido de 2020, que suavizó las normas para la expedición de los certificados de defunción, lo que significa que los médicos que los firman pueden haber tenido un conocimiento limitado del fallecido, como se informó anteriormente en Just the News en mayo de 2021.

Con estas nuevas normas, en algunos casos los certificados de defunción han sido firmados por médicos que ni siquiera trataron al paciente. La ley establece: "En un periodo de emergencia, cualquier médico puede rellenar el certificado médico de causa de muerte (MCCD), cuando sea impracticable para el médico que lo atiende". Esto ha provocado dudas sobre la validez de las cifras oficiales de mortalidad por COVID.

Además, el aumento de las incineraciones en detrimento de los entierros ha hecho que las autopsias disminuyan aún más. Los abogados de White citan al empresario de pompas fúnebres británico John O'Looney, quien ha escrito al jefe de los forenses solicitando que se reanuden las investigaciones completas y las autopsias, ya que ha "observado un aumento del número de muertes entre hombres jóvenes, anteriormente sanos y en forma".

White está especialmente indignado porque nunca se han publicado los elementos utilizados en la composición de las inyecciones, lo que significa que los pacientes no han podido dar su consentimiento informado. 

"No se experimenta con seres humanos" -dijo White- "y el consentimiento debe darse libremente, sin coerción, e incluir una discusión sobre tratamientos alternativos, como los nutracéuticos, la terapéutica y el riesgo material de un individuo de desarrollar la COVID-19 o de sufrir un daño por ello". 

Las autoridades sanitarias británicas defienden la seguridad y eficacia de las vacunas. "Las vacunas contra el COVID-19 aprobadas para su uso en el Reino Unido han cumplido estrictas normas de seguridad, calidad y eficacia", afirma el NHS en su página web. "Pueden causar algunos efectos secundarios, pero no todo el mundo los padece. Los efectos secundarios suelen ser leves y no deben durar más de una semana, como el dolor en el brazo por la inyección, la sensación de cansancio, dolor de cabeza, malestar o la sensación de estar enfermo. Los efectos secundarios más graves, como las reacciones alérgicas o la coagulación de la sangre, son muy raros".

Gran Bretaña se ha librado hasta ahora de muchas de las estrictas medidas de bloqueo de los no vacunados aplicadas en otras naciones europeas. Sin embargo, los trabajadores de las residencias de ancianos de Inglaterra recibieron la orden de vacunarse completamente contra la COVID-19 antes del 11 de noviembre de 2021 -a menos que estén exentos por razones médicas- o perderán sus puestos de trabajo. Y, el 30 de noviembre, el Primer Ministro Boris Johnson reintrodujo el uso obligatorio de mascarillas en tiendas y otros lugares públicos.

White considera que llevar una mascarilla supone sus propios riesgos para la salud. "Las mascarillas clínicas de baja calidad, especialmente en un entorno no clínico, no protegen en absoluto a nadie", argumentó. "De hecho, hay abundante evidencia científica que demuestra que causan un daño significativo. Para mí, esto es especialmente preocupante para los niños, su neurodesarrollo y neuroplasticidad".

En una entrevista de la BBC, el experto en enfermedades infecciosas Keith Neal, defendió el uso de mascarillas, rebatiendo la afirmación de que causan privación de oxígeno. "Las máscaras de papel fino o de tela no provocan hipoxia", dijo. "Los cirujanos operan durante horas con ellas puestas. No tienen estos problemas".

White no está de acuerdo. "En un entorno hospitalario, la mascarilla se utiliza en un quirófano bien ventilado para evitar que las secreciones mucosas entren en una herida o cavidad corporal abierta", explicó. "Por lo general, el cirujano no se mueve, a diferencia de alguien que trabaja un turno de 12 horas corriendo por un almacén, donde la mascarilla se contamina rápidamente con bacterias, virus y gérmenes. Es cruel someter a los trabajadores a lo que es una intervención médica insegura. Además, la COVID-19  es un virus aerosolizado que no se propaga por las mucosas. Es como utilizar una valla de eslabones para mantener la arena fuera", puntualizó.