Educación
Encuestas sobre libertad de expresión en universidades calificadas de 'autoritarismo'
Los profesores de Florida pierden el intento de bloquear la encuesta en la corte, pero el juez deja que su demanda continúe. Encuesta de Wisconsin supuestamente obligó a los cancilleres a aceptarla para evitar "consecuencias políticas"
Abril 11, 2022 11:00pm
Updated: Abril 12, 2022 10:19am
Pedir a estudiantes universitarios y empleados que califiquen el clima de libertad de expresión en su campus es tan controvertido que ha provocado al menos una demanda y la renuncia de un canciller.
Un juez federal se negó a impedir que Florida distribuya una encuesta anónima en línea en virtud de una ley estatal (HB 233) que exige que cada universidad pública "realice una evaluación anual de la libertad intelectual y la diversidad de puntos de vista en esa institución".
La versión de de la encuesta para el claustro, que es voluntaria para todos, tiene 24 preguntas y solicita información demográfica que incluye raza, género, afiliación política y departamento académico, según una copia obtenida por The Chronicle of Higher Education.
Pregunta específicamente a los docentes si "inculcan sus propias ideas y creencias políticas" en el aula, si creen que sus creencias políticas afectan su capacidad para obtener un puesto y si sus instituciones apoyan la investigación y las publicaciones en todo el espectro político.
Las preguntas en la encuesta estudiantil más corta incluyen si los profesores "utilizan el tiempo de clase para expresar sus propias creencias sociales o políticas sin discutir objetivamente las creencias sociales o políticas opuestas", informó el Tampa Bay Times.
Los demandantes incluyen a la Facultad Unida de Florida, que representa a 25,000 profesores y 8,000 estudiantes graduados, y el Fondo de Acción March for Our Lives, fundado por activistas de tiroteos en escuelas de Parkland.
No queda demostrado que la disposición de la encuesta "fue aprobada con una intención discriminatoria de tal manera que este Tribunal la revisaría como una restricción a la expresión basada en el contenido", escribió el juez federal de distrito Mark Walker en una orden del 1 de abril intencionalmente "truncada" para permitir la apelación de los demandantes.
Un día después de que se distribuyó la encuesta, el juez se negó a desestimar la demanda, sin embargo, dictaminó que los demandantes tenían derecho por ahora y planteó "al menos una teoría conocida" de la violación de la Primera Enmienda.
Walker les dio más tiempo para encontrar evidencia de que el lenguaje "aparentemente neutral" de la ley en realidad tenía la intención de discriminar. El juez ya había criticado al estado por ocultar la encuesta a los demandantes hasta menos de una semana antes de su distribución, según el Times.
No se pronunció sobre las impugnaciones de loe demandantes a otras disposiciones de la ley, que permite a los estudiantes demandar a sus instituciones por violar sus "derechos de expresión" y grabar clases "en relación con una denuncia".
Archivo
Antes de la aprobación del proyecto de ley el año pasado, la Fundación para los Derechos Individuales en la Educación advirtió que la provisión de grabación podría empeorar la cultura de cancelación y especialmente poner en peligro a los estudiantes, ya que también permite que los profesores los demanden por hasta $200,000 por compartir grabaciones no autorizadas.
Spencer Roach, el representante republicano copatrocinador, le dijo a Inside Higher Ed que estaba sorprendido de lo poco que la oposición se centró en la disposición de grabación. Él y otros patrocinadores querían recopilar "datos empíricos" para verificar los "informes anecdóticos de los electores que se remontan a varios años" sobre la supuesta discriminación por puntos de vista.
El sindicato argumenta que la encuesta es un pretexto político para apuntar a los programas académicos que no son del agrado de los líderes republicanos del estado y que podría usarse para identificar a los profesores desfavorecidos, en particular las minorías.
Les dijo a los miembros que boicotearan la encuesta, que permite el "autoritarismo y la vigilancia", después de que Walker rechazara una orden judicial. “Muchas de las preguntas de la encuesta son de naturaleza dirigida e implican que ya existe un problema de equidad de puntos de vista en nuestros campus; esta es una conclusión en busca de evidencia, y no al revés”, dijo.
La encuesta estuvo abierta del 4 al 8 de abril y los resultados deben entregarse al estado el 1 de septiembre. El sindicato afirmó que el 5 de abril, el día del segundo fallo de Walker, ya había recibido "múltiples informes de estudiantes y empleados que enviaron la encuesta a sus amigos y de personas que lo completan varias veces".
La directora ejecutiva de la Facultad Unida de Florida, Candi Churchill, no respondió a las solicitudes de Just the News para distinguir esta encuesta del campus de otras destinadas a medir las actitudes y los problemas potenciales, como las encuestas sobre el "clima social del campus" y la victimización sexual, y explicar cómo su boicot. no servirá a los intereses de los republicanos estatales.
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El representante Roach le dijo a Inside Higher Ed que la representatividad de los encuestados es más importante que el número de personas que completan la encuesta. La Legislatura puede consultar a analistas profesionales para determinar "si de hecho tenemos una muestra lo suficientemente grande como para sacar algún tipo de conclusión significativa".
La encuesta del Sistema de la Universidad de Wisconsin, que se puso en marcha la semana pasada, está limitada a estudiantes universitarios y permanece abierta durante un mes completo. Dijo que dicha investigación es recomendada por el Centro de Política Bipartidista de D.C.
La "Encuesta sobre las percepciones de los estudiantes sobre la libertad de expresión en el campus" está financiada y realizada por dos entidades de la Universidad de Washington. Busca saber cuánto saben y valoran los estudiantes los derechos de la Primera Enmienda, si "perciben problemas en la diversidad de puntos de vista", si se autocensuran y cómo, y cualquier "sanción o castigo formal por la expresión protegida constitucionalmente" que hayan experimentado o presenciado.
El canciller interino Jim Henderson del campus de Whitewater renunció en respuesta a la aprobación de la encuesta por parte del Sistema UW.
El anuncio de Henderson del 4 de abril citó su opinión de que "no puedo tener éxito" en ayudar al campus a "contratar al mejor rector posible que trabajará aquí a largo plazo", lo que luego explicó al Milwaukee Journal Sentinel como su respuesta a la orden de realizar la encuesta.
El presidente interino Michael Falbo dijo que les explicó a los rectores que cambió de opinión sobre la encuesta después de enterarse de que había sido aprobada por la junta de revisión institucional de cada universidad, y que aprobar la encuesta "lamentablemente condujo a una renuncia".
Esa no fue la explicación de Falbo a los cancilleres, según Henderson. En cambio, el presidente "se centró más en las consecuencias políticas de no hacer la encuesta", arriesgando el financiamiento de la Legislatura liderada por los republicanos, "en lugar de los beneficios de hacerlo", dijo.
El Sistema UW no respondió a las solicitudes de Just the News para responder a las acusaciones de Henderson.