EEUU sanciona a 40 individuos y entidades de 9 países por abusos a los DDHH y corrupción

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones de viaje y congelación de activos contra 40 ciudadanos y entidades, entre ellos cinco latinoamericanos, acusados de corrupción y violaciones de derechos humanos, coincidiendo con las conmemoraciones del Día Internacional contra la Corrupción y el Día de los DD.HH.

El Departamento del Tesoro indicó a través de un comunicado que "al exponer el comportamiento atroz de estos actores podemos ayudar a interrumpir sus actividades, desmantelar sus redes y privarlos de recursos”.

Entre los señalados por Washington se encuentra Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia de El Salvador, por obstruir supuestamente las investigaciones sobre malversación de fondos durante la pandemia y utilizar su cargo en beneficio propio. El otro salvadoreño sancionado es el ministro de Trabajo, Rolando Castro, por "corrupción y malversación de fondos".

Del lado guatemalteco, se encuentran el expresidente del Congreso de ese país Allan Rodríguez y el exministro de Energía y Minas Luis Alfonso Chang (2016-2020), quien "utilizó su cargo para garantizar sobornos".

La lista también incluye sanciones por violaciones de derechos humanos y corrupción contra ciudadanos y entidades de Corea del Norte, Rusia, China, Guinea, Irán, Mali y Filipinas.

El gobierno estadounidense también sancionó a tres iraníes vinculados a la represión de las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini. 

Uno de ellos es Ali Akbar Javidan, comandante de las fuerzas de seguridad en la provincia de Kermanshah, que "tiene supervisión directa sobre las fuerzas que han matado a manifestantes, incluidos menores y ancianos", señala el texto del Tesoro.

Además, fueron sancionados Ebrahim Kouchakzeei, jefe de las fuerzas de seguridad de Chabahar, en la provincia de Sistán y Baluchistán, como presunto autor de la violación de una menor de 15 años el pasado mes de septiembre; y al alcaide de la prisión de Rejaee Shahr, Allah Karam Azizi, centro en el que se encuentran presos políticos y donde existen acusaciones de tortura.

En el caso de Irán, el Departamento de Estado emitió un comunicado aparte en el que explicaba que las sanciones se imponen en coordinación con Canadá por abusos contra los derechos humanos cometidos por "funcionarios iraníes".

Estas sanciones se insertan dentro de la llamada Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos que autoriza al presidente de EE. UU. a bloquear o revocar visados de ciertos ciudadanos extranjeros acusados de actos de corrupción o de violaciones de derechos fundamentales.