EEUU: demandan a 16 universidades por supuestas violaciones de legislación antimonopolio

Cinco exalumnos presentaron una demanda antimonopolio el domingo en Illinois, en la cual acusan a 16 de las principales universidades de Estados Unidos de trabajar en conjunto para determinar las concesiones de ayuda financiera a los estudiantes.

Las universidades mencionadas en la demanda son Columbia, Dartmouth, Duke, Georgetown, MIT, Northwestern, Notre Dame, Universidad de Pensilvania, Brown, Cal Tech, Universidad de Chicago, Cornell, Emory, Rice y Yale.

La demanda fue presentada en el Tribunal del Distrito Norte de Illinois, y alega que las universidades "participaron en un cártel de fijación de precios diseñado para reducir o eliminar la ayuda financiera, lo cual ha incrementado el precio neto de la asistencia para los estudiantes", informó The Washington Times.

Según los exestudiantes, los responsables de las 16 escuelas citadas en la demanda se reunían periódicamente en un consorcio llamado 568 Presidents Group desde 1998 para fijar sus ofertas de ayuda financiera. En última instancia, esto condujo al cobro excesivo en perjuicio de más de 170.000 familias de clase media y trabajadora en todo Estados Unidos.

La demanda también cita a Karen Crowley, una exfuncionaria de admisiones de la Universidad de Pensilvania, quien afirmó en 2009 que la escuela da preferencia extraoficialmente a los "estudiantes que pagan todo" en su lista de espera por encima de los que necesitan ayuda financiera, especialmente cuando "las donaciones son bajas y el recorte de costos es esencial".

La demanda busca una indemnización por daños y perjuicios para los estudiantes, así como la emisión de una orden judicial para poner fin a esta práctica, que, según se afirma, viola las leyes federales antimonopolio.

Las universidades mencionadas en la demanda alegan que cuentan con una exención de las leyes antimonopolio de la enseñanza superior en virtud de una ley federal de educación de 1994 conocida como Sección 568, la cual permite a las escuelas privadas colaborar con sus competidores.

No obstante, en la demanda se advierte que las universidades fijaban los precios mediante una fórmula que se basaba en un "conjunto de normas comunes para determinar la capacidad de la familia para pagar la universidad".

"Esta metodología evalúa los ingresos y los bienes de un determinado solicitante de ayuda financiera, así como de su familia, para definir la capacidad de pago del solicitante y, por tanto, la contribución financiera que se espera que realicen tanto el solicitante como su familia. Por lo tanto, la capacidad de pago del solicitante es un factor clave en el precio neto de la asistencia", refiere la demanda.

"En un sistema de admisión indiferente a las necesidades, pues todos los estudiantes deberían ser admitidos sin tener en cuenta sus circunstancias financieras o las de su familia", concluye.