Consejos escolares se enfrentan a demandas y destituciones por censurar comentarios del público sobre temas candentes

Mientras los consejos escolares de todo el país reprimen los comentarios públicos sobre las políticas de COVID-19, raza y género en sus reuniones, algunos comentaristas recurren a los tribunales y al proceso político para demostrar de que la censura tiene un precio.

Los distritos escolares de Pensilvania se tambalean por una orden judicial preliminar emitida el mes pasado contra una política que prohíbe las intervenciones que el consejo escolar considera "ofensivas", "intolerantes", "verbalmente abusivas" o "irrelevantes", entre otros términos vagos.

El juez de distrito Gene Pratter también prohibió a la Junta Escolar de Pennsbury exigir a los oradores anunciar su intervención antes de pronunciarla.

El Instituto para la Libertad de Expresión (IFS), que representa a miembros de la comunidad, entre ellos un antiguo miembro del consejo escolar, "repetidamente censurados", intenta ahora responsabilizar personalmente a los funcionarios del distrito y del consejo por las violaciones de la Primera Enmienda.

Los funcionarios del gobierno dijeron a Pratter en un escrito de respuesta este mes que tienen inmunidad cualificada porque los demandantes no fueron "excluidos" de las reuniones públicas, lo que significa que no hubo un derecho "claramente establecido" que haya sido violado en ese momento.

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La jueza es conocida por su frustrada nominación a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos. El entonces presidente del Comité Judicial del Senado, Patrick Leahy, la bloqueó hace 13 años, alegando que Pratter era hostil a los demandantes de derechos civiles.

Su memorando del 17 de noviembre, en el que suspendió los "términos impugnados", comienza citando la obra de teatro "Inherit the Wind", una versión ficticia del juicio del "mono" de Scopes de 1925 sobre la enseñanza de la Evolución en las escuelas públicas. "No crees que este tipo de cosas se acaben nunca, ¿verdad?", dice un personaje.

Entre los incidentes citados: La junta de Pennsbury editó un comentario público de un demandante en un vídeo de una reunión, diciendo que hacía sonar "silbatos (racistas) para perros". En una reunión posterior, un funcionario interrumpió a tres demandantes por sus comentarios "abusivos e irrelevantes" sobre el programa de equidad del distrito, gritando repetidamente, a cada uno de ellos: "¡Has terminado!".

Pratter señaló que el distrito trajo posteriormente personal de las fuerzas del orden durante las reuniones, lo que sugiere un efecto de “enfriamiento activo”, que inhibe el ejercicio de la expresión libre.

Dado que Pennsbury no quiere dar marcha atrás, una eventual sentencia definitiva se aplicaría a todos los consejos escolares dentro de la jurisdicción del Distrito Este de Pensilvania, desde Filadelfia hasta Lancaster.

La orden judicial plantea que cualquier distrito que se base en el modelo de política de la Asociación de Consejos Escolares de Pensilvania es legalmente vulnerable, dijo el abogado de los distritos escolares del área de Filadelfia, Jeffrey Sultanik, al Inquirer.

La asociación dijo al periódico que el modelo de su política está "bajo revisión". Fue el primero de los miembros que abandonó la Asociación Nacional de Consejos Escolares en protesta por la petición de esta última de que se investiguen a los críticos de los consejos escolares por motivos de "terrorismo doméstico". Otras 16 asociaciones estatales se marcharon desde entonces, llevándose cerca del 40% de la financiación de la Asociación Nacional de Juntas Escolares (NSBA), según National Review.

Es probable que la orden de Pratter se invoque en litigios similares. El IFS ha demandado a la Junta Escolar del Condado de Brevard, en Florida, por una política que prohíbe los comentarios "dirigidos personalmente" para frenar las críticas, pero no los elogios.

Acuerdo de 107.500 dólares

El profesor de derecho de la UCLA, Eugene Volokh, experto en la Primera Enmienda, dijo a Just the News que, si bien todas las restricciones basadas en el punto de vista están prohibidas, existe "cierta incertidumbre" sobre qué restricciones están permitidas en el tiempo "reservado" para los comentarios del público, citando sentencias federales de apelación divergentes de este año.

El 6º Circuito ha vuelto a admitir una demanda contra el consejo escolar de Madison (Ohio) por sus restricciones al "discurso antagónico", "abusivo" y "dirigido personalmente", que se utilizaron para cerrar los comentarios sobre "cuestiones relacionadas con las armas".

El distrito pagó al demandante Billy Ison 107.500 dólares esta semana para resolver la demanda, antes de que el juez de distrito Michal Barrett pudiera determinar los daños y perjuicios, informó el Journal-News.

Sin embargo, la semana pasada, el Tribunal de Apelación del 4º Circuito de los Estados Unidos confirmó la sentencia de un juicio a favor de los miembros del consejo escolar del condado de Loudoun, en Virginia, y de los funcionarios del distrito que fueron demandados por un antiguo crítico al que prohibieron participar en actividades patrocinadas por la escuela hace varios años.

Brian Davison habría utilizado un "tono agresivo" en una reunión de la Asociación de Padres de Alumnos, acusando a un director de escuela de violar la ley y amenazando con demandar. También hizo que sus hijos distribuyeran folletos en la escuela con acusaciones similares.

Una política que prohíbe los comentarios "que acosen o supongan un ataque personal contra cualquier individuo identificable" es neutral en cuanto al “punto de vista” e incluso "necesaria para promover el propósito del foro [público limitado] de llevar a cabo un buen acuerdo", dictaminó el tribunal de apelación.

El condado de Loudoun es también el escenario de una lucha por la destitución derivada de las acusaciones de que la presidenta del consejo escolar violó los derechos de la Primera Enmienda de los oradores en las reuniones al cerrar los comentarios y limitar quién puede hablar.

La jueza Jeanette Irby está supervisando el intento de destitución de Brenda Sheridan y ha programado un juicio de tres días para la próxima primavera, según WTOP.

El grupo de padres Fight for Schools, que está tratando de participar en el caso, también intenta conseguir que la fiscal de la Commonwealth, Buta Biberaj. sea sustraída del caso por conflicto de intereses. Ella estuvo "muy involucrada en dos de los incidentes muy graves que dieron lugar a la destitución", dijo el director ejecutivo Ian Prior a Fox News.

Irby ya descalificó a Biberaj en una campaña de destitución similar contra Beth Barts, quien dimitió preventivamente alegando amenazas. "Esperaría que cualquier persona en esta sala, que participe en el proceso judicial, no recurra a las amenazas", dijo el juez a las partes en una audiencia celebrada esta semana.