Consejo Escolar insta a Corte Suprema dejar en vigor las admisiones basadas en la diversidad en instituto de Virginia

Un distrito escolar del área de Washington D.C. busca mantener a la Corte Suprema de Estados Unidos al margen de una impugnación legal para la nueva política de admisión basada en la diversidad de una escuela secundaria de renombre nacional, la cual dio lugar a un fuerte descenso de las admisiones de estudiantes asiático-americanos en su primer año.

La decisión del alto tribunal sobre mantener la política en vigor durante la apelación podría revelar sus intenciones para decidir sobre un caso mayor que analiza este otoño relacionado con el tema: Las políticas de admisión de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, las cuales supuestamente discriminan a los asiático-americanos.

La Junta Escolar del Condado de Fairfax, en Virginia, afirma que la política de "neutralidad racial" de la Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson se ajusta firmemente a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia sobre las políticas de admisión con implicaciones raciales, incluido el plan del "Diez por ciento superior" aplicado en Texas.

Representada por el exprocurador general de la administración Obama, Donald Verrilli, la junta quiere proteger una orden del Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito, la cual impidió a un juez de primera instancia suspender la política de admisiones mientras el primero considera la apelación de la junta.

El juez de primera instancia determinó que la nueva política causaba un "impacto racial considerable" en los asiático-americanos y "estaba infectada de conversaciones sobre el equilibrio racial desde su inicio". La Coalición para Thomas Jefferson (TJ), dirigida por padres que están a favor de la política anterior, presentó una solicitud de emergencia ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, cuando el 4º Circuito suspendió el fallo.

"A menos que la suspensión sea anulada, cientos de aspirantes asiático-americanos al TJ, incluidos los hijos de los miembros de la Coalición, se verán obligados a competir por una plaza en un sistema destinado a discriminarlos con base en su raza", decía la solicitud de la coalición del 8 de abril. Roberts puede decidir el caso directamente, o remitirlo al pleno del tribunal.

El fiscal general de Virginia, Jason Miyares, así como sus homólogos de otros 15 estados, todos ellos republicanos, respaldan la postura de la coalición. "Aunque aparentemente es neutral desde el punto de vista racial, la nueva política se dirigió a los solicitantes asiático-americanos con precisión quirúrgica" al dar preferencia a los estudiantes de escuelas medias "históricamente subrepresentadas", señalan en un escrito enviado el 12 de abril.

La junta respondió el 13 de abril que, de suspender la política, sufriría un daño "palpable y grave".

"Las decisiones finales de admisión para la clase de primer año que entrará en TJ se deben tomar este mes" tras "miles de solicitudes de admisión", comentó a la Corte Suprema. "Revisar el proceso de admisión en esta fecha tan tardía sería convulsivo" y probablemente perjudicaría a los estudiantes de familias asiático-americanas de bajos ingresos que tuvieron dificultades con la política anterior.

La nueva política entró en vigor con las admisiones para el año escolar 2021-2022, en un proceso que la coalición caracterizó como "atípico" y apresurado.

La junta eliminó el requisito de las pruebas estandarizadas justo un mes antes de que los exámenes se programaran para el otoño de 2020, además de aprobar la nueva política en diciembre, con la intención de garantizar las plazas de TJ al 1,5% de la clase de 8º grado de cada escuela secundaria pública elegible. Alrededor de 100 de las 550 plazas permanecen "sin asignar" y están disponibles para estudiantes privados o educados en casa.

Los estudiantes asiático-americanos proceden de forma desproporcionada de un puñado de centros de enseñanza media que históricamente han dominado las admisiones a TJ, según la coalición. Recibieron 56 ofertas menos de TJ en un año con 64 plazas adicionales para la clase entrante, y fueron el único grupo racial que cayó en la representación de ofertas, del 73% al 54%.

La respuesta de la junta escolar a la solicitud de emergencia destacó que las conclusiones del tribunal de primera instancia "carecían de cualquier apoyo en el registro y despreciaban los precedentes de este Tribunal". Asimismo, indicó que los estadounidenses de origen asiático recibieron un porcentaje mayor de ofertas que su cuota de solicitudes.

En cambio, el tribunal citó "comparaciones interanuales" que no pueden demostrar un "impacto dispar reconocible" y no tuvo en cuenta otras explicaciones del descenso de los asiático-americanos. La política "no establece cuotas, objetivos o metas raciales" y los evaluadores ni siquiera conocen la raza de los solicitantes individuales.

La Corte Suprema nunca ha imputado una "intención injusta" a las decisiones que previsiblemente afectarán de forma diferente a los grupos raciales, agregó la junta. El razonamiento del tribunal de primera instancia haría que la ley de Texas, la cual garantiza la admisión en cualquier universidad estatal para el 10% de los mejores de cada clase de la escuela secundaria, fuera "presuntamente inconstitucional si tuviera un éxito mínimo en la consecución de sus objetivos [de diversidad] deseados".

La coalición respondió el 14 de abril que era probable que la Corte Suprema revisara el caso debido a que los tribunales inferiores no se han puesto de acuerdo sobre el "criterio adecuado para medir el impacto dispar en una demanda por discriminación intencionada". El consejo quiere comparar de forma "simplista" a los solicitantes con los estudiantes admitidos, mientras que la coalición busca comparar el "rendimiento agregado" de los estudiantes asiático-americanos bajo cada política.

Por otra parte, acusó a la junta de caracterizar erróneamente el número de niños que podrían verse perjudicados por la política actual, al citar declaraciones de dos miembros de la coalición que pretendían demostrar su "capacidad de asociación". De hecho, la coalición cuenta con más de 200 miembros, "muchos de los cuales se unieron precisamente porque tienen hijos que pretenden ser admitidos en TJ".

La suspensión del 4º Circuito perjudicará a los solicitantes del próximo año, así como a los actuales, ya que incluso el calendario acelerado no llegaría a los argumentos orales hasta "un mes antes de que TJ comience a aceptar solicitudes" este otoño, lamentó la coalición.

"Bajo la teoría de la Junta, un distrito escolar puede adoptar criterios diseñados para desfavorecer a un grupo racial en particular para lograr el equilibrio racial, siempre y cuando los miembros de ese grupo sigan ganando una parte de los asientos acorde a su proporción del grupo de solicitantes. En cualquier otro contexto, estaría claro que el gobierno no puede discriminar a un grupo racial simplemente porque sus miembros han tenido éxito en la obtención de un beneficio", señala la respuesta.