Juez federal anula el "Parole in place" de Biden, que beneficiaba a indocumentados casados con ciudadanos de EE.UU.

Un juez federal anuló en las últimas horas de este jueves el programa "Parole in place" de la administración de Joe Biden, que otorgó estatus legal a casi medio millón de indocumentados por ser cónyuges de ciudadanos estadounidenses, así como a unos 50 mil hijastros indocumentados de ciudadanos de EE. UU.

Fue el letrado J. Campbell Barker, nombrado por Donald Trump en su gobierno, quien este 7 de noviembre dijo en su fallo que anulaba completamente la medida porque "el Congreso no había otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar tal política". El mismo juez había pausado dicha regulación a finales de agosto. 

Campbell Barker determinó que el Departamento de Seguridad Nacional no tenía autoridad legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. para otorgar el "parole in place" a inmigrantes elegibles para el programa denominado Keeping Families Together.

En junio de este año Biden anunció esa nueva política, que le simplificaba el camino hacia la ciudadanía a los inmigrantes casados o acogidos por ciudadanos estadounidenses.

🚨🚨🚨
WE BEAT BIDEN AND HARRIS IN COURT.

We have officially stopped their illegal attempt to grant mass amnesty to over 1 million illegal aliens. pic.twitter.com/SYlDdyFRR0

— America First Legal (@America1stLegal) November 8, 2024

Pocos días después, 16 estados del país del norte presentaron una demanda diciendo que la política de la Administración Biden-Harris les está costando millones de dólares en los servicios públicos utilizados por los inmigrantes, incluidas atención médica, educación y aplicación de la ley.

Por esa misma razón, el pasado 13 de septiembre un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito ordenó a una corte federal de Texas que "suspenda administrativamente" todo procedimiento relacionado con el programa "Parole in place", aunque ya estaba parado.  

A pesar del fallo, la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) siguió aceptando formularios I-131F de inscripción al programa, pero el dictamen le prohibía a la agencia federal procesar y adjudicar las solicitudes de libertad condicional y obtener el beneficio ofrecido por el presidente Biden.

El "Parole in place" autorizó, en su período efectivo, a unos 550 mil indocumentados casados con ciudadanos o hijastros de estos (todos ellos sin admisión legal) a completar el ajuste de sus estados migratorios y a recibir la tarjeta de residencia (green card) dentro de Estados Unidos.

El beneficio permitía saltarse el trámite consular y evitar poner en riesgo el regreso a Estados Unidos de las personas beneficiadas, porque a los indocumentados, una vez que ponen un pie fuera del país, se les aplica automáticamente la Ley del Castigo. Esta ley pena a los indocumentados con tres años sin poder volver a entrar a la nación estadounidense si la permanencia indocumentada en EE. UU. supera los 180 días y se eleva a 10 años si pasa de los 365 días.

Las reacciones a esta nueva medida, dada a conocer tras la elección de Donald Trump como el 47 presidente de los Estados Unidos en los recientes comicios, no se hicieron esperar. El grupo America Firs Legal, que junto con Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Dakota del norte, Ohio, Carolina del sur, Dakota del sur, Tennessee, Texas y Wyoming, presentaron la demanda en contra del "parole in place", fue de los primeros en compartir su postura en las redes sociales respecto al tema. 

"Acabamos de GANAR nuestra demanda junto con Ken Paxton, Raúl Labrador y una coalición de 14 estados. Hemos DETENIDO oficialmente el intento ilegal de la administración Biden-Harris de conceder una amnistía masiva a cientos de miles de extranjeros ilegales", dijo el equipo legal en X, antes Twitter.

🚨BREAKING NEWS🚨

We just WON our lawsuit with @KenPaxtonTX, @Raul_Labrador, and a coalition of 14 states. We have officially STOPPED the Biden-Harris Administration’s illegal attempt to grant mass amnesty to hundreds of thousands of illegal aliens. pic.twitter.com/gyfLfPouw7

— America First Legal (@America1stLegal) November 7, 2024

El procurador general de Texas, Ken Paxton, uno de los firmantes de la demanda, también se pronunció tras la decisión del juez.

"Una vez más, hemos detenido los intentos radicales de la administración Biden-Harris de destruir las fronteras de Estados Unidos y socavar el estado de derecho. Este plan ilegal de libertad condicional habría recompensado a más de un millón de inmigrantes ilegales con la ciudadanía e incentivado a millones más a entrar ilegalmente en nuestro país. Espero con ansias el día en que el gobierno federal comience a cumplir la ley nuevamente", escribió en X.