Jurado de Florida acusa a empresario venezolano prófugo de participar en el lavado de dinero de 1.200 millones de dólares

Un jurado investigador del Distrito Sur de Florida acusó este miércoles al empresario venezolano Raúl Gorrín, dueño de la cadena Globovisión, de presuntamente participar en un esquema de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares, informó en un comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Este esquema, en el que supuestamente participaba Gorrín, quien se encuentra prófugo, involucraba fondos obtenidos de manera corrupta de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), a cambio de sobornos a funcionarios venezolanos.

La acusación, que se suma a otras de 2018, indica que entre 2014 y 2018 Gorrín conspiró con otras personas para lavar el dinero que obtuvo de un esquema de sobornos utilizando el sistema financiero de Estados Unidos y diversas cuentas bancarias en el extranjero.

Según documentos judiciales, Gorrín y sus cómplices pagaron millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para obtener contratos de préstamos de cambio de divisas con PDVSA. Parte de los fondos ilícitos fueron lavados en el Distrito Sur de Florida, donde se adquirieron bienes raíces, yates y otros artículos de lujo.

“La presunta conducta de Gorrín enriqueció a funcionarios de gobierno corruptos y explotó el sistema financiero de Estados Unidos para facilitar estos crímenes”, señaló la vicefiscal general adjunta principal, Nicole M. Argentieri, citada en el comunicado.

Gorrín enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y, de ser condenado, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión.

Actualmente Gorrín está fugitivo también de otra acusación en Estados Unidos, que data de 2018, por lavado de dinero, cuando junto a Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera en el gobierno de Hugo Chávez, y su esposo, Adrián José Velásquez, exintegrante del equipo de seguridad del entonces presidente de Venezuela, quienes fueron acusados de participar en un esquema de lavado de dinero.

En diciembre de 2022 Díaz Guillén fue declarada culpable en Estados Unidos de blanqueo de dinero al estar relacionada con los sobornos pagados por Gorrín a lucrativas transacciones monetarias cuando ocupaba el cargo de tesorera nacional del país.

Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron hallados culpables por un jurado en el sur de Florida de cinco de los seis cargos detallados en una acusación de 2020, que los acusaba de aceptar al menos 4,2 millones de dólares en sobornos.

En abril de 2023 la pareja fue condenada en Estados Unidos a 15 años de cárcel y tres años de libertad vigilada, además de que deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 cada uno por haber recibido millones de dólares en sobornos.

La Fiscalía había solicitado una pena de 23 años y 5 meses para Díaz, y de 19 años y 5 meses para Velásquez.