Florida aprueba una ley de inmigración que no le gusta a la izquierda americana

La Florida ha provocado una virulenta reacción de los activistas proinmigración ilegal de toda la nación, luego de que la Cámara de Representantes de Florida aprobó el proyecto de ley HB 1718, que vendrá a regular el desbarajuste provocado por la caótica política migratoria del gobierno de Joe Biden, que ha desarticulado la seguridad fronteriza, permitiendo la entrada de millones de inmigrantes y de grandes cantidades de fentanilo. La ley fue aprobada con 83 votos a favor y 36 en contra.

¿Qué tiene la ley que ha puesto a la izquierda tan enojada?

Le prohíbe a los condados y a los municipios que destinen fondos para darle identificaciones a quienes estén ilegalmente en el país. Una de las medidas que ya había implementado el condado Miami Dade impulsado por la alcaldesa demócrata Levine-Cava y la también demócrata, la comisionada Eileen Higgins. También lo implementaron Broward y Palm Beach.

Igualmente penaliza con hasta 15 años de cárcel a quien transporte a inmigrantes ilegales y multas a los empleadores que contraten ilegales. Ambas medidas van contra la narrativa demócrata que impulsan siempre la inmigración sin límites.

Ahora la ley va al despacho del gobernador Ron DeSantis para su firma. Algo que se espera sea un mero trámite, pues la ley es parte de la agenda política del gobernador.

Los demócratas floridanos han atacado la ley. Para la representante demócrata Rita Harris “deshumaniza a las personas en función de cómo llegaron a este país". El pensamiento de Harris coincide con el de  la izquierda americana: la ley no es importante. El respeto a la ley migratoria es secundario. Lo importante es imponer la normalización de lo irregular, que es un estímulo a la emigración ilegal. Y a la política de "fronteras abiertas" implementada y estimulada por Biden.

La izquierda americana critica que la ley establezca la obligatoriedad de que los hospitales y centros médicos del estado recojan información sobre el estatus migratorio de sus pacientes. Pero la ley no prohíbe que les den atención médica, solo busca saber cuánto se gasta de dinero de los impuestos en esos servicios. Pero a los demócratas no les gusta hablar de control de gasto público.

 La ley también invalida en Florida las licencias de conducir emitidas a indocumentados en otros estados. A los demócratas les parece bien que vengan a Florida, donde los ilegales no pueden tener licencia, con licencias de otros estados sin siquiera saber cómo se adquirieron.

El texto aprobado impediría igualmente que los abogados amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), conocidos como "soñadores", puedan ejercer a partir de noviembre del año 2028. A los demócratas les parece bien que inmigrantes ilegales, que violaron la ley federal al entrar a Estados Unidos sin autorización, se inserten a ejercer en el sistema legal estadounidense. 

La ley también incluye fondos de $12,000,000 para el traslado de inmigrantes a otros estados del país. Eso les incomoda, porque no quieren que los estados más afectados por la inmigración ilegal envíen a los inmigrantes a los estados gobernados por demócratas que se vanaglorias de ser santuarios para los ilegales.

Dicen que la ley daña directamente al 20% de la población inmigrante del estado y no tiene cabida en nuestro estado. “Este proyecto de ley es vergonzoso", dijo hoy Kirk Bailey, director político de la filial en este estado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Pero Bailey manipula los hechos, la población inmigrante de la Florida tiene, mayoritariamente, un estatus legal.

Bailey repite el mantra de la izquierda: la ley elabora perfiles raciales, perjudica a las empresas, a la economía local y al sistema de sanidad pública.

En la práctica, la ley no establece que las fuerzas del orden saldrán a las calles a buscar ilegales. Las empresas no se perjudican, más bien se evita que los empresarios abusen de los ilegales y les paguen menos y les obliguen a trabajar en malas condiciones. El robo de salarios es enorme en las industria que contratan inmigrantes. Si consideramos que en EEUU existen 12 millones de ilegales (algunos calculan 20 millones), contratar ilegales deprime la fuerza laboral legal y hace caer los salarios, aunque la narrativa de la izquierda lo niegue enfáticamente. Cuaqluiera con un poco de conocimiento real del mercado sabe que es simple oferta y demanda. Las minorías y los menores de 20 años son los que tienen en EEUU las mayores tasas de desempleo. Y la ley no impide que los ilegales reciban servicios médicos, pero sí busca saber cuánto gastan los contribuyentes en estos servicios. ¿Acaso los contribuyentes no tienen derecho a saber cómo se gastan sus impuestos?

"La crisis fronteriza es propaganda que fomenta el miedo”, dijo por su parte Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida. Como si los millones de inmigrantes que han entrado por la frontera desde que Biden tomó la Casa Blanca no existieran,

Tras la firma de Ron DeSantis la ley entrará en vigor el 1 de julio del año en curso.