Congreso de Perú rechaza adelantar elecciones para diciembre de 2023

El Congreso de Perú  rechazó este viernes una reforma constitucional que habría permitido adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023, en medio de la grave crisis política y social que agita a la nación andina con manifestaciones que exigen la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y el adelanto de comicios.

El proyecto de ley recibió 29 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no obtuvo el apoyo mayoritario absoluto de 87 votos que exige la ley.

"En consecuencia, no ha sido aprobada la ley de reforma constitucional", señaló el presidente del Congreso, José Williams.

No obstante, Williams indicó que se presentó una reconsideración a la votación, por el congresista Eduardo Salhuana (Alianza Para el Progreso); el pedido quedó pendiente de ser votado y se suspendió la sesión.

"Se citará oportunamente", manifestó el titular del Congreso al resto de los parlamentarios.

La ley proponía acortar el mandato de Boluarte y de los congresistas, cuyo período debería terminar, en principio, en julio de 2026, e incorporaba varios proyectos presentados para el adelanto de elecciones.

Tras conocerse la votación, legisladores de izquierda protestaron para exigir que se incluya la consulta sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente en el país, como lo proponen en un dictamen de minoría que aún no se ha informado si será votado por el pleno.

Mientras, en el interior del país, las protestas suman una semana y ya han alcanzado la cifra de 21 muertos y 200 heridos, según reportes locales. 

La tensión en las calles también se empieza a reflejar en las primeras dimisiones en el Gobierno de Dina Boluarte. La ministra de Educación, Patricia Correa, dimitió de su cargo alegando que "la muerte de nacionales no tiene justificación alguna". Luego, el ministro de Cultura, Jair Pérez Bráñez, también dio un paso al costado.

Boluarte asumió su cargo en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido por el Congreso  tras dar un autogolpe de Estado, intentado la disolución del poder legislativo y la instauración de un "gobierno de excepción".

Castillo se encuentra detenido en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en Ate, y se le ha dictado 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública.