Régimen de Daniel Ortega cierra otras 100 ONGs en Nicaragua: ya son más de 3.000 desde 2018

Otras 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fueron canceladas esta semana en Nicaragua por el régimen sandinista de Daniel Ortega, lo que eleva el número a 3.126 asociaciones de este tipo disueltas tras las protestas de abril de 2018.

La ilegalización del centenar de ONG, de las cuales 86 son nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.

El régimen justificó la anulación con el argumento de que las entidades incurrían en negligencia o incumplían sus obligaciones, entre ellas que no informaban durante periodos de entre 2 y 24 años de sus juntas directivas y estados financieros, así como de la información sobre la identidad y origen de todos sus socios y donantes.

En el caso de las 14 ONG extranjeras, entre ellas 9 de Estados Unidos, fueron disueltas por estar en situación de abandono y llevar entre 2 y 4 años de incumplimiento en los pagos.

Un informe de 18 organizaciones denunció recientemente en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la cancelación de ONGs en Nicaragua llegó a 3.102 hasta marzo de este año.

Según el reporte, la “extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua”.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar por unas polémicas reformas de la seguridad social, que luego se convirtieron en una demanda de renuncia de Ortega, quien respondió con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce solo 200.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las polémicas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.