Régimen de Ortega cierra otras 100 ONG en Nicaragua: ya suman 2735

La dictadura de Daniel Ortega canceló este viernes las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, elevando a 2.735 el número de estas organizaciones disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018 calificada como intento de golpe de Estado por parte del régimen nicaragüense.

La ilegalización de las 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 98 nacionales y 2 extranjeras, fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.

Las 98 ONG locales, según la cartera de Interior, "incumplieron sus obligaciones" al supuestamente no informar durante periodos de entre 5 y 24 años sus juntas directivas y estados financieros, así como la información sobre la identidad y el origen de todos sus miembros y donantes.

Para el caso de las dos ONG extranjeras, de Costa Rica y Estados Unidos, fueron disueltas bajo el argumento de que estaban en "abandono" y tener de 6 a 11 años de "incumplimiento de sus obligaciones".

Nicaragua ha disuelto al menos 2.735 ONG nicaragüenses y extranjeras desde diciembre de 2018. 

De ese total, 2.611 han sido proscritas hasta marzo de este año, según una denuncia de 18 organizaciones presentada el pasado jueves en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se advierte la "situación extrema en cuanto a la violación sistemática de la libertad de asociación y el derecho a defender los derechos humanos en Nicaragua”.

Diputados sandinistas han dicho que las ONG afectadas "utilizaron recursos de las donaciones que recibieron para intentar derrocar a Ortega" en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no han presentado pruebas.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles para protestar por unas polémicas reformas de la seguridad social, que luego se convirtieron en una demanda de renuncia de Ortega, quien respondió con la fuerza.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organizaciones locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce solo 200.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las polémicas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió el mes pasado en la "Resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua", aprobada durante la LII Asamblea General, al régimen nicaragüense que "cese todas las acciones violentas" contra la población del país y que "restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el estado de derecho" en el territorio.