Diputado de oposición en México, cuarto caso documentado de espionaje en gobierno de AMLO

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habría espiado con el programa cibernético Pegasus al legislador de oposición Agustín Basave Alanís, miembro de las comisiones de Seguridad Ciudadana, Asuntos de la Frontera Norte y Educación, en la Cámara de Diputados, de acuerdo con reportes de medios mexicanos.

Basave recibió una notificación de la empresa Apple en noviembre de 2021, la cual advertía que su celular iPhone había sido atacado con el spyware desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

El diputado, quien es militante del partido Movimiento Ciudadano (MC), aseguró a Aristegui Noticias que un análisis de vigilancia cibernética confirmó previamente la presencia de Pegasus en su teléfono en septiembre de 2021.

Tras darse la noticia del nuevo uso ilegal de este programa, la organización de derechos humanos Artículo 19 acusó que se trataba de "un atentado grave a la pluralidad democrática, a los necesarios pesos y contrapesos institucionales y a la posibilidad de un debate robusto y desinhibido".

La acusación de Basave se produce tras un informe publicado por el grupo mexicano de derechos digitales R3D, en el cual se mostró que los teléfonos de dos periodistas y un activista fueron infectados con el mismo spyware entre 2019 y 2021.

Actualmente se desarrollan dos investigaciones en relación con el presunto uso en México del programa de espionaje cibernético, con el cual se habrían cometido delitos contra la libertad de expresión.

"No es cierto que se espíe a periodistas y opositores. No somos iguales a los anteriores (gobiernos)", aseguró el presidente mexicano a principios de octubre, en respuesta a la investigación que acusa a la Secretaría de la Defensa Nacional de realizar labores de espionaje.

Pegasus es vendido por NSO Group a gobiernos, supuestamente para perseguir al terrorismo y criminales. Sin embargo, se detectó que en México se utiliza al menos desde 2017 para atacar a defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, políticos de oposición y otros ciudadanos sin vínculos con actividades ilegales, según investigaciones periodísticas.